Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
El fallo reciente de la sala penal suprema que preside César San Martín en contra del periodista Aldo Mariátegui es un nuevo episodio de una de las formas de corrupción que existen en nuestra administración de justicia: La arbitrariedad y la prepotencia con que ciertos jueces o fiscales usan el poder con que han sido investidos por la sociedad.
En vez de utilizar ese poder para hacer cumplir la ley y defender los derechos fundamentales, esa sala al parecer ha utilizado su investidura para perpetrar una vendetta personal de su presidente en contra de un periodista crítico de la actuación pública de San Martín. Este hecho configura una clara agresión contra la libertad de prensa.
La defensa de Mariátegui ha probado de manera fehaciente que la fecha de la sentencia del litigio contra Mariátegui habría sido alterada por la sala San Martín con el fin expreso de condenar al periodista después de que había vencido el plazo de prescripción del presunto delito de difamación que se le imputaba.
Los hombres de prensa demócratas – a diferencia de los totalitarios de doble moral que callan ante este abuso– condenamos la conducta de la sala San Martín.
Por decoro y sentido de responsabilidad, San Martín debió inhibirse de conocer el caso, pues es público que Aldo Mariátegui es uno de sus mayores críticos en la prensa. Pero, no lo hizo, mostrando escaso apego a la ética profesional.
Esta es la segunda vez que San Martín sentencia a una persona a la que nunca debió juzgar por razones éticas. El 2007, sentenció culpable a Alberto Fujimori, el presidente del gobierno que lo echó del Poder Judicial en 1992.
El vocal supremo también quedó en entredicho cuando se conocieron los correos electrónicos que le envió desde España el abogado Gonzalo del Río, en los que queda claro que la decisión de declarar culpable a Fujimori la tomó San Martín al inicio del juicio, antes de escuchar la defensa del inculpado. De hecho, para condenarlo aplicó la fórmula recomendada en dichos correos (“autoría mediata”). Lamentablemente esta conducta ilícita está impune todavía.
En el caso Fujimori San Martín se ensañó con éste al condenarlo por el “secuestro agravado” del periodista Gustavo Gorriti – quien estuvo detenido menos de 48 horas y recibió un trato deferente – con el fin expreso de privarlo de beneficios penales.
Igualmente dudosa fue la participación de San Martín en el caso Chavin de Huantar, en el que promovió una reunión de altos miembros del gobierno con la juez que conocía el caso, para “recordarle” a la magistrada que era parte del estado y que debía “considerar” el impacto negativo que tendría un fallo en contra de aquel.
Otros cuestionamientos a San Martín se remontan a los años 90, cuando, siendo juez, fue criticado por haber excarcelado al cura francés Jean Marie Mondet, miembro del aparato de propaganda de Sendero Luminoso en Europa. Y hace poco se le señaló como el autor intelectual del Decreto Legislativo 927, que dio beneficios penales a los terroristas presos.
En 1995 el entonces secretario ejecutivo del Poder Judicial José Dellepiane, creó salas penales especiales a iniciativa de su asesor César San Martín. Sin embargo, el 2001 éste se quedó callado – siendo vocal supremo- cuando Dellepiane fue encarcelado por ese motivo.
En atropello contra Aldo Mariátegui y los demás hechos reseñados demandan que San Martín sea cesado de la Judicatura por la salud moral de nuestra justicia y nuestra democracia. Corrupción no es solo coima, también es la arbitrariedad con que ciertos magistrados usan su poder para cobrarse revanchas personales.
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