Sigan el ejemplo del "Pepe" Mujica

Cuando el Gobierno insiste en una Ley Habilitante contra la corrupción, nos preguntamos, y para qué, cuando precisamente este país tiene suficientes instrumentos jurídicos para combatirla y además si tiene voluntad de luchar contra ella sólo tiene que tomar medidas ejemplares contra aquellos funcionarios que abusan de sus cargos y han usado los mismos para beneficio propio. Todo aquél funcionario que use para su merced o el de su familia cualquier prebenda del Estado o dinero público está violando la ley y está inmerso en un acto de corrupción. Es así de fácil. Empleado del Estado que viva con niveles superiores a los que generan sus ingresos debe  estar dispuesto a demostrar el origen de los mismos.

Quien abuse de prebendas no contempladas en la ley es sujeto de sanciones.

Por otra parte, Venezuela es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Con ella tenemos un camino bien ganado si efectivamente queremos combatir  ese flagelo.

En su preámbulo, este instrumento jurídico universal que nos vincula, reconoce, "la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley". Registran los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero.

Por ello los Estados parte se comprometieron  a establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos "que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos". Y tomará medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas.  Es así de claro y fácil. No es un invento criollo, es la manera que el mundo civilizado entiende el deber ser del funcionario público.

Por ello opinamos que este Gobierno no requiere más instrumentos jurídicos. Si  quieren  luchar contra la corrupción pues demuéstrenlo con firmeza, sin compromisos, con transparencia y con ética. Den  el ejemplo. Acaben con la mentalidad de  los "Chivos del Gobierno" como lo recordó  Samán hace unos días. Dejen de protegerse hasta los dientes mientras los ciudadanos andan indefensos. Dejen el abuso con las prebendas que el Estado les facilita para que ejerzan sus cargos y sean capaces de hacer públicas sus declaraciones de bienes a que los obliga la ley cuando asumen un cargo.

Esto incluye a todos los funcionarios sea cual sea la dimensión de sus cargos, alto gobierno, gobernaciones, alcaldías  y poderes públicos. Bien lo establece la misma convención de Naciones Unidas. Por "funcionario público"  se entenderá: toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario.

Entonces, si no existe ética  por parte de quienes quiere enarbolar la bandera de la  anticorrupción,  nada  se logrará. Por eso insisto a los revolucionarios de nuevo cuño, sigan el ejemplo del "Pepe" Mujica.

Nota publicada en eluniversal.com