El papel del Estado en la crisis del deporte

En su Plan Estratégico 2012-2015, el IPD establece como visión: “Que la sociedad peruana sea líder a nivel latinoamericano en el deporte competitivo y la práctica masiva del deporte.” ¿Pero a qué puede aspirar el deporte peruano si no cuenta con una legislación adecuada  para cumplir sus objetivos, y una buena parte de sus escasos recursos de gastan en mantener a los operadores administrativos? Todo se reduce a palabras que descansan en el escritorio de un funcionario.

Por ejemplo el IPD no puede intervenir en las federaciones porque éstas tienen la condición jurídica de asociaciones civiles (privadas). En cambio reciben transferencias de recursos económicos para su funcionamiento. ¿Por qué se mantiene esta ambivalencia: régimen privado  por un lado y público por el otro? El derecho público respalda la acción proactiva y el rol tuitivo del Estado.

El 90% de la actividad deportiva se dedica al fútbol a pesar de sus resultados deprimentes. Al Estado le interesa mantener al fútbol profesional por tratarse del deporte más popular de los peruanos, que produce rentabilidad política para la imagen de las autoridades. He ahí la defensa cerrada de los contratos Markarianes.

Por esta razón no se hace nada por atacar las causas de la crisis del deporte nacional. Los responsables se hacen los de la vista gorda y mantienen el mecanismo, que permite el enquistamiento de dirigentes arribistas y vividores, que se han apropiado de las federaciones deportivas. Les importa muy poco el perjuicio que causan al país. Son pocos los que quieren ganarse el pleito. La mayoría no quiere problemas. Quieren vivir felices hasta el 2016.

El problema no es la crisis del deporte peruano. Ya sabemos que estamos en crisis hace más de 30 años. El problema es que el Estado no hace nada para aplicar las soluciones adecuadas. Ya se sabe lo que se debe hacer para mejorar el deporte peruano. Entonces… ¿por qué no se resuelve el problema? Solo se aplica Apronax. ¿No hay dinero?

La primera respuesta es que el Estado piensa que la cultura física y el deporte es un gasto y no una inversión. Piensa que no es prioritario. Piensa que la salud, la educación y el  deporte no son parte de la misma crisis social del Perú. Piensa que cada una se resuelve independientemente. Aquí no vale aquello de “mens sana in corpore sano”. Las acciones de salud, educación y nutrición en provecho de los escolares podrían fracasar ruidosamente si no se enfoca el problema  con visión sistémica y holística.

El deporte nacional necesita un cambio radical en el marco legal, recursos humanos y financieros, estructura, procedimientos y tecnología, Es urgente diseñar un Plan de desarrollo de la cultura física y el deporte peruano, que incluya políticas públicas, proyectos y programas. Mientras tanto se debe adoptar medidas para resolver el problema de coyuntura: el fútbol y el vóleibol. Los deportistas que han ganado medallas deben ser apoyados por el Estado.

No es correcto decir que el Congreso no puede hacer nada para mejorar la legislación deportiva, porque las leyes ya existen. Este lapsus freudiano fue perpetrado hace pocos días, por una conocida comentarista política y abogada, quien después de perder sus contratos en RPP y en ATV, ha debutado como “comentarista deportiva” en radio Exitosa. Si las leyes que existen no sirven para la sociedad, se tienen que derogar o modificar.

Sorprende que se ignore que la Constitución Política del Perú (1993) en su Art. 102°, numeral 1., establece que  es función del congreso “Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes”. Es así que cuando una norma legal no responde al espíritu que la originó y a la realidad que pretende normar, el Congreso tiene el deber de legislar y fiscalizar. La Ley general del deporte N° 28036,  exige cambios a gritos.  Después podremos dialogar.

De otro lado, el deporte y la actividad física, deben ser una actividad descentralizada. Es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales  identificar los talentos deportivos, en coordinación con  las federaciones. La crisis del deporte peruano exige una visión compartida entre el Poder ejecutivo, el Congreso, las municipalidades y los gobiernos regionales y el sector privado. Solo así se podrá ejecutar acciones con  impacto. Que los Juegos olímpicos de 2019 sirvan como pretexto para tratar de hacer mejor las cosas en el deporte nacional.