No cabe duda que todos los peruanos coinciden en la necesidad de contar con una educación universitaria de calidad, reconocida internacionalmente, y que se caracterice por ser continua, concertadora, participativa, democrática, inclusiva, innovadora, axiológica y ajena a todo intento de manipulación y de control político.
En este nuevo siglo, la educación universitaria de calidad es la clave y la herramienta fundamental para mejorar los niveles de producción y productividad del país, generar nuevos conocimientos, nuevas teorías pedagógicas y nuevas tecnologías, competir exitosamente en el mercado laboral del mundo global y, consiguientemente, mejorar la calidad de vida de la población.
El proyecto de ley, cuya discusión quedó en suspenso en el Congreso, tiene aspectos positivos, por ejemplo, promover la investigación científica a fondo en todas las universidades, garantizar la transparencia en el manejo de sus economías, combatir posibles actos de corrupción e inmoralidad en lo académico y administrativo, fomentar el incremento progresivo de las remuneraciones de los docentes y de los trabajadores, exigir la presentación y aprobación de tesis para la obtención de los grados académicos ( bachiller y título profesional), entre otros.
Pero también el proyecto tiene su talón de Aquiles. Propende a la violación de la autonomía universitaria, principio consagrado por la Constitución política. Abre canales para la manipulación y el control político al crearse una Superintendencia con poderes más de lo necesario y una posible frondosa burocracia digitada desde el poder político para su funcionamiento y que limitaría y entorpecería la eficiente y oportuna toma de decisiones de las autoridades universitarias para viabilizar los proyectos de desarrollo de cada universidad pública o privada.
La nueva ley universitaria debería impulsar la reducción de la brecha tecnológica entre estudiantes inforricos e infopobres, universalizar las nuevas tecnologías en los procesos pedagógicos, democratizar el ingreso a las universidades, contribuir a la renovación de estrategias metodológicas, institucionalizar la planificación estratégica, aplicar la gestión de calidad total y promover una filosofía de prevención, solución de conflictos e innovación institucional. Finalmente, debería fomentar políticas para el desarrollo del pensamiento sistémico, pensamiento crítico y pensamiento complejo, y de propuestas curriculares por competencias, con fines de incrementar las zonas de desarrollo próximo de los estudiantes.