El derecho a defendernos

El asunto de la INSEGURIDAD CIUDADANA sigue siendo el problema más acuciante de la población de nuestro país. Otros problemas que ocuparon durante tiempo los primeros lugares se han visto desplazados por éste, aunque no por haber sido adecuadamente resueltos. Entre ellos la falta de trabajo, la corrupción extendida, la situación económica, la mala educación o el incumplimiento de las promesas.

La inseguridad flota en el ambiente, está presente como una amenaza de la cotidianidad; hay temor que nos pueda pasar algo, a nuestra familia y a nosotros mismos; se la constata permanentemente en la información periodística. Y para mayor desolación, casi no podemos contar con las instituciones que debieran ser nuestro mayor respaldo: una policía nacional que brilla por su ausencia (o está ocupada en otras tareas de carácter privado) y una justicia permisiva que no sanciona y con sus actos genera una mayor desconfianza.

Quizás lo peor que nos ocurre es que nosotros, los ciudadanos, tampoco aportamos mucho para vivir en paz y –si esto fuera posible- no necesitar de la intervención de la policía o de la administración de justicia. Mientras más crecen las ciudades, más desorden e individualismo suelen evidenciarse. Se va imponiendo, para mal de nuestras culpas, una especie de precepto siniestro que nos dice: “Primero tú; el resto que se las arregle”.

Ese extraordinario avance tecnológico que son las redes sociales, así como pueden ser una invasión a la intimidad de las personas y a la chismografía más insustancial, pueden constituirse en un mecanismo de defensa y de denuncia (o control social) que está a nuestro alcance.

Hace muy poco un joven ciudadano comprobó que una camioneta –de esas que están de moda- se hallaba estacionada en diagonal sobre la vereda frente a una tienda comercial “de marca”, tan pegada a la pared que no permitía el paso de una persona. Consciente de su deber, el joven solicitó que llamen al propietario por altoparlante dando el número de la placa. Como no aparecía, se dio el trabajo de preguntar uno por uno a todos los asistentes, hasta que encontró que era una propietaria -señora de mediana edad- a quien le pidió que retire su camioneta. No sólo no le hizo caso, sino que intentó seguir comprando. Ante la insistencia, alegó que primero iría a pagar y recién cuando lo hubo hecho movió su carro, ya para irse. Tan grande frescura estimuló el interés del joven ciudadano quién, con la placa registrada, pudo indagar que esta misma señora tenía una papeleta anterior por una infracción similar, aunque sin pagar. Publicó en las redes el nombre de la persona, la placa vehicular y la infracción pendiente. Por lo menos ahora se sabe que pagó la multa.

En grifos y supermercados no es infrecuente ver carros estacionados en el área reservada para discapacitados y sus pasajeros no lo son, por cierto. Eso ya se muestra en las redes sociales.  Así  van apareciendo denuncias con nombre propio, infracción cometida y aún fotos de lo ocurrido. Especialmente los jóvenes van haciendo “justicia por propia mano”, posteando esta información y sancionando de esta forma a los trogloditas hombres y mujeres que visten de “homo sapiens”. Las infracciones de tránsito y el desprecio por los demás forman parte de la inseguridad ciudadana y de la incapacidad que tienen algunas gentes para poder convivir con los demás [“educación para la vida”] a bordo de un vehículo, no respetando los paraderos o tomando taxi hasta en una bocacalle. Sin agredir a nadie, tenemos derecho a defendernos.