Martes 16 de abril 2024 | Contáctenos
César Gutiérrez, autor de estas líneas
ABSURDA DECISIÓN GUBERNAMENTAL PARA EL NORTE Y SUR DEL PAÍS
Se ha celebrado con bombos y platillos el otorgamiento de las concesiones de gas natural (GN) por redes para las zonas norte y sur del país, masificación le han llamado cumpliendo un ofrecimiento electoral. El anuncio político es que los concesionarios han ofrecido 150 mil conexiones en la zona norte: Chimbote, Huaraz, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca, entre los años 2016 y 2020; mientras que en la zona sur entre el 2016 y el 2022, se establecerán 64 mil conexiones en: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna. Gran despliegue noticioso desde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el titular de la cartera, Jorge Merino, ha mostrado este hecho como logro para merecerse la permanencia en su despacho en la era que acaba de empezar César Villanueva como Premier. Sin embargo la realidad tiene un problema subyacente muy grave: los operadores existentes en el mercado de gas natural comprimido (GNC), que también podrían trabajar con gas natural licuado (LNG), lo que les espera es el cierre de sus empresas pues quedarán en condiciones anticompetitivas.
Para explicar el despropósito creado, hay que entender la forma que se llevará el gas natural a los lugares señalados. En la planta de Perú LNG, ubicada al sur de Lima, a la altura del kilómetro 170, en Pampa Melchorita; se entregará LNG a los concesionarios de las zonas norte y sur o a las empresas que lo recojan por encardo de ellos. De allí al llegar a los lugares donde se tiene el compromiso, el energético se regasificará y se introducirá a la red de ductos que se tenderá. Un operador que sea independiente hará lo mismo con una diferencia, tendrá que licuar el gas, pues Perú LNG con todo derecho no tendrá la obligación de proporcionárselos, hasta allí no hay nada de anormal, es mercado puro. El tema es que mientras los primeros tendrán un precio preferencial del GN en boca de pozo y de licuefacción, lo segundos no contarán con ese privilegio.
Para hablar de condiciones de competencia, hay que expresarse cuantitativamente. Para un operador independiente el costo del gas natural licuado listo para transportarlo tiene un sobreprecio del 62% respecto a lo que consiguen los concesionarios. De allí hacia delante ya no tendrán forma alguna de competir. Si deciden ir con esa desventaja al norte o al sur, su costo respecto al precio de consumidor final industrial o estación de servicio que ofrecerán los ganadores de los concursos tan promocionados por el MINEM, será 19% más elevado. Importante resaltar que cuando me refiero a al precio al consumidor final, aquí a los privilegiados se les ha garantizado una tasa de descuento que les asegurará una rentabilidad sobre el capital que aporten (equity) del orden de 32%. Es obvio que los independientes no les quedarán opciones sino circunscribirse a operaciones en la ciudad de Lima, que a medida que la empresa a cargo del servicio, Cálidda, vaya cubriendo con redes a la región, tampoco les dejará posibilidad alguna y tendrá que cerrar sin mayores atenuantes.
Algunos podrán decir que los hoy perjudicados pudieron participar en los concursos que realizó el MINEM, lo cual es verdad, a pesar de la alta valla que se puso para ser postor; pero eso no otorga a nadie el derecho a dar una quiebra por mandato gubernamental, que es lo que ha ocurrido, pues es desde esa nivel que se ha generado precio preferencial de GN que bonifica a unos y perjudica a otros.
La pregunta que fluye es: ¿se ha dado cuenta el gobierno de la barbaridad cometida? ¿Ha sido el voluntarismo que llevó a esta situación? ¿Ha primado un favoritismo? No tengo elementos de juicio para ensayar una respuesta, pero lo que reseño es un hecho objetivo, que lo mínimo que debería ocurrir es que se rectifique inmediatamente y la forma será otorgando las mismas condiciones a todos a los agentes económicos del sector. De no ser así, estamos ante el estado arbitrario que genera desequilibrios, en un medio donde nos preciamos de tener negocios en una economía de mercado. El no ejercer presión con medidas artificiosas en materia económica es un mérito, pero crear condiciones anticompetitivas, es un pésimo precedente, la interpretación pude ir desde error hasta direccionalidad, lo que ahuyentará a los inversionistas.
Es importante que los llamados líderes de opinión se manifiesten sobre lo ocurrido y aquí se deben involucrar a comentaristas económicos y a la clase política en general que no quiera a oficiar de corifeo de las irresponsabilidades del gobierno. El flamante primer ministro, tiene en sus manos un tema candente y debe evaluar el accionar del ministro Merino; si no lo hace, empieza con mal pie, de no conseguir el respeto de un gabinete que no es suyo, se convertirá en el mascarón de proa para justificar todas las tropelías que se cometan desde el poder ejecutivo, que en el pasado inmediato no han sido pocas.
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