De la histeria a la complicidad

Justo cuando la ciudadanía reclama el endurecimiento de las penas y las condiciones penitenciarias como uno de los requisitos para enfrentar la creciente criminalidad y en momentos en que se esperaba un cambio de timón sustantivo en el Ministerio del Interior, el gobierno del señor Humala decide ignorar esa aspiración nacional y firma el vergonzoso cúmplase a la llamada Ley Antauro, que permitirá la salida de decenas de miles de delincuentes de las cárceles del país.

Es el primer acto en el que embarca a su Primer Ministro, como para que se vaya quemando. Pero valgan verdades, no tiene en ello arte ni parte, pues el tinglado gobiernista viene, en ese sector, manejando otras aristas sorprendentes. En pocas semanas, el gobierno ha logrado sacar tres proyectos de ley altamente conflictivos valiéndose, no de sus operadores nacionalistas en el Congreso, sino de un nuevo y solícito mozo de liebre: el PPC.

La ley de delitos informáticos, la Ley Antauro, y la ley de muerte civil, que no es sino un simple maquillaje, promovidas por el Ejecutivo, han encontrado en ese partido y en el congresista Juan Carlos Eguren su principal aliado ya que conducen la Comisión de Justicia. Un manejo intransigente y antidemocrático, que no acepta sugerencia alguna y que cumple cual chicheño las órdenes de Palacio, ha llevado a dicho partido y al señor Eguren a asumir la responsabilidad de un amplio rechazo ciudadano, sobre todo por la ley de delitos informáticos. Hay en este caso incluso una denuncia que hacer, pues al incorporarse como parte del texto sustitutorio el proyecto del Poder Ejecutivo, haciéndose un híbrido, no quedó claro qué se había aprobado y qué no. Eso pasa por privilegiarse la pretensión personal de aparecer como prolífico en materia legal, antes que optar por la calidad de los textos.

Igual ocurrió con el caso de la Ley Antauro, recientemente aprobada. Pese a que el Tribunal Constitucional desde hace ya casi una década dictaminó que las leyes de ejecución penal se aplican a las consecuencias y situaciones existentes, es decir, entran en vigencia el día que se promulgan, el Congreso, de la mano del PPC en alianza con el gobierno, ha contradicho al TC diciendo que las leyes que restringen los famosos 2X1 o 7X1, se aplican solo para los delitos cometidos desde la dación de la ley. Es decir, desde antier. Con ello -así fue dicho textualmente en el debate-, ¡48 mil presos! podrán salir en forma anticipada haciendo que la Ley 30054 en la práctica recién empiece a aplicarse dentro de unos 5 años. Así, para liberar al hermano a quien traicionó en el levantamiento de Andahuaylas haciendo que sea este el que pague el pato de una acción planeada y conducida por Ollanta, hoy no se duda en liberar potencialmente a 48 mil condenados si uno de ellos es Antauro Humala.

Y lo peor de todo es que el gobierno se empeña en demostrar que no le interesa para nada la seguridad ciudadana. Cuando el aún primer ministro Juan Jiménez salió a la TV a decir la estupidez de que la ola delincuencial era una "histeria" ciudadana, en realidad no se trataba de un exabrupto, pues la periodista Milagro Leyva le dio la ocasión de rectificarse al sorprenderse por semejante calificativo. Pero él lo ratificó abiertamente y le echó la culpa, cuándo no, a la oposición.

Y eso es lo que pasa. Cero autocrítica y el discurso autocomplaciente de que son perfectos, pero nadie los comprende...