Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
La Contraloría General de la República (CGR) denunció a 769 funcionarios de la administración pública implicados en la comisión de supuestas irregularidades o actos de corrupción que son ventiladas en 168 procesos judiciales (94 en la vía civil y 74 en la vía penal) iniciados en lo que va del presente año.
Así lo dio a conocer el titular del máximo organismo de control, Fuad Khoury Zarzar, en el informe que sobre las acciones emprendidas por su administración presentó el miércoles 13 ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside Vicente Zeballos Salinas (SN).
El contralor informó que con esas acciones suman 3,989 los funcionarios implicados en 782 procesos judiciales, iniciados en 2009, como resultado de 8,862 informes emitidos como resultado de 4,848 acciones de control realizadas en su período.
Refirió que la CGR ha fortalecido y aumentado sus acciones de control en ese mismo lapso, durante el cual ha creado cinco oficinas regionales de control en Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Pucallpa y Moquegua.
Al respecto, anunció que a mediados del próximo año serán implementadas oficinas similares en Cerro de Pasco y Madre de Dios, con lo que completará su radio de acción a los 25 gobiernos regionales existentes en nuestro país.
Khoury Zarzar se refirió también a cuatro proyectos de ley presentados al Congreso de la República, orientados a fortalecer la acción de control y la potestad sancionadora de la CGR.
El primero de ellos busca incorporar a alcaldes y regidores; presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales en la potestad sancionadora del organismo de control, y establecer que la suspensión o inhabilitación son causales de vacancia o suspensión.
Los otros proyectos plantean que los informes especiales que emita la CGR tengan la calidad de Pericia Institucional Extraprocesal, por ser de carácter técnico; y se obligue a los consejeros regionales, jueces de paz letrado, fiscales provinciales adjuntos y jefe de misión del servicio diplomático estén obligados a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.
Una cuarta iniciativa legislativa sugiere aprobar una ley de disposiciones y lineamientos básicos bajo los cuales se debe desarrollar la ejecución de obras públicas por administración directa.
Temas de corrupción en el Parlamento
De otro lado, el contralor pidió a la Comisión de Fiscalización a que le presente cuatro o cinco temas o casos que sean motivo de preocupación de sus integrantes y que estén relacionados con supuestos casos de corrupción a fin de analizarlos con prioridad e incluirlos en el plan de control de ese organismo.
Así mismo, y a solicitud del congresista Antonio Medina (FP), Khoury Zarzar informó que el organismo que preside tiene programada una acción de control a la Municipalidad Distrital de Andarapa, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac; y a la Dirección Regional de Educación de Apurímac, para revisar los gastos programados para el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), cuyo presupuesto asciende a 5.58 millones de soles.
Irregularidades en SUNARP
En la sesión, la congresista Esther Saavedra (NGP) sustentó el proyecto de informe final del grupo de trabajo, que ella encabeza, encargada de investigar presuntas irregularidades cometidas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Dicho informe concluye recomendando su remisión al Ministerio Público y a la Procuraduría para que se amplíen las investigaciones y se actúe conforme a sus atribuciones.
El informe se refiere a siete casos investigados, entre ellos presuntas irregularidades en cuatro campañas publicitarias desarrolladas por la SUNARP en el 2011, que no estaban presupuestadas e implicó la ampliación del presupuesto en cuatro millones de soles.
Esa suma fue fraccionada en 390 pequeños contratos por montos inferiores a las tres UIT, destinados a 13 zonas registrales, lo que permitió burlar la ley de contrataciones del Estado.
Igual método se habría empleado en la adquisición de material publicitario (cartapacios, tarjeteros, bolsas, tazas, lapiceros, etc.), por montos sobrevalorados, mediantes distintos contratos para un solo producto y a un mismo proveedor.
La subcomisión investigó también presuntas irregularidades en el concurso público de plazas en el 2009; la adquisición de mobiliario para la sede de la SUNARP en Moyobamba; la contratación de una empresa para la digitalización de partidas registrales; y la irregular reconocimiento y otorgamiento de poderes a las juntas directivas de la Federación de Empleados Bancarios y a la Comunidad Campesina de Asia, lo que habría facilitado el tráfico de tierras de comunidades campesinas.
En la oportunidad, el congresista Yohny Lescano (AP-FA) solicitó al grupo dictaminador ampliar en 60 días el plazo otorgado a la subcomisión, a fin de concluir con el trabajo encomendado. Sin embargo, el informe ni el pedido de ampliación no pudieron ser cometidos a voto por falta de quórum.
En la comisión se presentó también el presidente del gobierno regional de Ica, Alonso Navarro Cabanillas, para responder a diversos cuestionamientos hechos a su gestión por el congresista Eduardo Cabrera (FP); y el alcalde provincial de Pisco, Jesús Echegaray Nieto para desvirtuar los diversos cuestionamientos hechos por la legisladora Elsa Anicama (NGP).
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