El país se apresta a celebrar hoy una nueva jornada electoral, donde además de la elección de Presidente de la República, la elección de diputados y la renovación parcial del Senado, se elegirán por primera vez consejeros regionales, todo lo cual constituye una inmejorable instancia para que la ciudadanía se exprese mediante su voto, y quienes aspiran a representarla sometan al escrutinio público sus propuestas programáticas. De confirmarse una masiva participación de la ciudadanía -como han anticipado distintos sondeos- sería una saludable muestra de que existe interés por decidir sobre los temas que inciden en la marcha del país, desestimando la idea que se ha tratado de propagar de que predominaría el desencanto frente al actual modelo político y social que rige al país.
La presente jornada electoral tiene la particularidad de que será la primera elección de esta envergadura que se realiza con la ley que consagra el voto voluntario bajo un sistema de inscripción automática. Representaría un logro significativo que concurriera a votar más de la mitad del actual padrón electoral -sobre 13 millones de personas habilitadas para sufragar-, que constituye un porcentaje normal en las democracias desarrolladas. Eso debería marcar un claro contraste con lo ocurrido en la elección municipal de 2012, ocasión en que debutó la modalidad de voto voluntario, y que estuvo marcada por una considerable abstención.
Resulta sorprendente que algunas destacadas voces del ámbito político hayan manifestado por estos días reservas respecto de la conveniencia del voto voluntario, y hayan insinuado la necesidad de volver al sufragio obligatorio. Insistir en este tipo de planteamientos cuando los electores han hecho suyo el derecho a decidir si votan o no según sus propias motivaciones, además de inconducente, sería inexplicable a los ojos de los ciudadanos.
El interés que estas elecciones parecen haber despertado lamentablemente no se ha reflejado en la calidad de los debates, en los que han abundado las críticas destempladas hacia la institucionalidad económica y política existente en el país, desconociendo la estabilidad y prosperidad que le ha reportado. Es evidente, además, que se trata de un sistema que admite perfectamente la aplicación de una amplia gama de alternativas de políticas públicas, acordes con las definiciones que adopten los ciudadanos en las urnas.
La existencia de nueve candidaturas presidenciales, si bien es un reflejo de las distintas sensibilidades que existen en el país, ha impedido, sin embargo, llevar a cabo discusiones en profundidad, lo que resulta negativo considerando la magnitud y alcance de algunas de las propuestas, cuyos detalles el electorado sólo ha podido conocer de manera muy general y sin mayor posibilidad de contraste. El excesivo énfasis propagandístico que parece haber predominado en esta campaña ha dificultado el objetivo de lograr un voto plenamente informado, lo que debería ser corregido hacia futuro.
Tampoco han resultado afortunadas las campañas que buscan marcar el voto para promover causas específicas, las que deberían ser desestimadas por la ciudadanía ya que vulneran el espíritu de la legislación vigente, y abren espacio para prácticas peligrosas, como el cohecho, y desnaturalizan el sentido de una votación. El apego a la ley y el fomento de un sano espíritu cívico son condiciones fundamentales para el normal desarrollo de la democracia.