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Martes 19 de noviembre 2013

Economía peruana está disociada de la política

Por: César Gutiérrez
Economía peruana está disociada de la política
Foto: Difusión

Demostración más elocuente que la economía peruana funciona en piloto automático y sigue una inercia, no puede haber; no solo por la crisis desatada por el “affaire” López Meneses, sino por todo el descontrol político que viene practicando torpemente el gobierno familiar del matrimonio Heredia-Humala. Ninguno de los agentes económicos se ha inmutado por lo que ha venido ocurriendo, marchan en paralelo el mundo de los negocios y el de la política, ésta sirve para tener ocupados a los que juegan en estas ligas y entretener a los demás, que la ven como una alternativa  a los “reality” que se ven en televisión, que muchas veces son menos divertidos.

Esto que aparentemente sería una virtud, es un grave problema. Tecnócratas manejando el estado, creen que están en el control de una sociedad anónima, que se maneja por las leyes mercantiles. Pero no solo eso, también pueden prestarse calculadamente para satisfacer las promesas demagógicas de la pareja gobernante, que no son pocas, pues así permanecen en el cargo y siguen teniendo un poder que en el sector privado no tendrían. Tener injerencia en las decisiones que afectan variables macros como inflación, devaluación y  a los sectores intensivos en uso de recursos, como el bancario-financiero, fondos de pensiones, sistema privado de salud, industrias extractivas de: hidrocarburos, minerales, recursos pesqueros y madereros; todos a la vez, no tienen parangón en ninguna corporación de capitales privados, por más grande que sea.

Hoy debe llamar a preocupación las inversiones donde el estado tendrá que aportar recursos o comprometer garantías soberanas, que es el caso de: nodo energético del sur, modernización de Refinería Talara, gasoducto sur peruano, metro de la ciudad de Lima y asociaciones públicas-privadas (APP), donde existe cofinanciamiento. Estos temas tienen una alta complejidad técnica y somos muy pocos los profesionales que nos dedicamos al análisis, emitimos opinión pública y a la vez hacemos crítica altisonante cuando según nuestro particular criterio corresponde. Al final somos los que podemos hacer contraposición a los excesos de la tecnocracia ya sea por convencimiento errado o porque están satisfaciendo irresponsablemente a los gobernantes de turno. Para ser más explícito, detallaré algunos de los puntos que llaman la atención en los temas mencionados.

En el nodo energético del sur, que se pagará al inversionista con un cargo a la tarifa de electricidad de los consumidores y que inicialmente operará a petróleo diesel 2, nadie ha respondido cual será el origen del gas natural para que estas centrales funcionen con ese energético. Esta interrogante también es válida para el faraónico gasoducto sur peruano. Por si acaso no es válida la generalidad repetida como una letanía que se tomarán las reservas probables, con eso nadie financia un proyecto.

En el caso de modernización de Refinería Talara, hasta ahora no he visto explicación que justifique que un concurso para ampliar la capacidad de 60 mil a 90 mil barriles, termine en una planta de 160 mil barriles. Argumentaciones de las ventajas económicas pueden sobrar, pero administrativamente no veo la forma de justificar la decisión por acuerdo entre contratante y contratado. Esto equivale a que contraten a ampliar una construcción en tres pisos y se termine haciendo una de nueve pisos. Eso podrá hacerse en el privado pero no en el estado y aquí la responsabilidad es de todos los intervinientes, incluidas las empresas contratadas para cualquier fin: técnico, económico y financiero. Con las reglas del estado no se juega.

En el metro de Lima, la cifra de inversión es del orden de 6,500 millones de dólares, a nivel de factibilidad, que es como se está concursando. En la literatura técnica de Association for the advancement of cost engineering (AACE International) en su recomendación 18R-97, se define como un estimado de costo de clase 2, donde el margen de error es del orden de -30% a +50%. Esto significa que el metro puede terminar costando 9, 750 millones de dólares. El concepto es igualmente aplicable a las APP con cofinanciamiento.

Puestas así las cosas, el que economía y política caminen disociadas, representa un grave peligro con perjuicio a las arcas fiscales, donde los únicos beneficiarios son banqueros y constructores. Los medios deben preocuparse por tratar estos temas profesionalmente y verán que el problema llamado López Meneses, es un tema de infantes con caras de arcángeles querubines.

 

 

 

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