Remuneraciones dignas

Una de las deficiencias graves de nuestro sistema democrático, el cual se vio reflejado en aquellos desastrosos periodos de gobierno, al punto de mandarnos a la bancarrota  acompañados de un conflicto subversivo, fue y aun es la incapacidad para lograr una equitativa distribución de la riqueza.

Nuestro desarrollo productivo siempre ha estado a merced de paralizaciones, o enfrentamientos por una población sedienta de remuneraciones justas, esta negligencia e indiferencia por parte del estado  ha servido como terreno fértil muy bien aprovechado por intereses políticos de algunos malos dirigentes.

El tema remunerativo siempre ha sido el talón de Aquiles para todo gobernante, y siempre se ha tomado este problema con ligereza, rellenando o superficialmente tapando huecos, dando uno que otro aumento o bonificación especial, así la solución del problema se ha dirigido como un termómetro del quien reclama más o hace más escándalo.

Está comprobado que todo el sistema gubernamental carece de una adecuada distribución equitativa en planes remunerativos, tampoco tenemos un sistema para compensar el trabajo basado en el rendimiento justo por la capacidad y el esfuerzo de cada individuo, de allí el resultado mediocre en el servicio a la población.

El descontento remunerativo causa una profunda conmoción entre los que lo realizan y los que necesitan de estos servicios, pero por lo general quien pierde más es la población.

Por otro lado se justifica la corrupción de nuestras autoridades porque no están bien remuneradas, aquí valdría recapacitar el tema de la ética profesional, porque para el ladrón nunca habrá un precio satisfactorio, su falta de moral inducirá siempre a una ambición desmedida. Si buscamos una remuneración para la evitar la corrupción entraríamos en el chantaje mismo de este ladrón.

Hoy nuestros magistrados entran también en el camino del reclamo justo de sus remuneraciones, así como cuestionan el anteproyecto de fortalecimiento del poder judicial, estipulando que serían manipulables por el estado.

Estos señores o no quieren reconocer sus faltas o las tratan de disfrazar, para toda la nación es un hecho que nuestra justicia es manipulable, los jueces son manipulables ante determinados intereses ya sea políticos o monetarios, los juicios tienen un precio, los denunciados o sentenciados tienen un precio, nuestras leyes han servido para satisfacer intereses dejando a un lado la justicia, en todo caso el criterio y honestidad siempre han tenido un precio.

Aunque muchos ya sea por odio, resentimiento o venganza no quieran ver lo evidente, es un hecho demostrado como nuestros jueces y fiscales pueden armar y desarmar leyes para sentenciar a uno y a otros no. Un ejemplo palpable es el caso del  Ing. Fujimori el único ex presidente, líder de un partido político, preso, mientras los verdaderos culpables de nuestra desgracia en aquellos terribles años, están limpios y enriquecidos incluyendo a muchos ex terroristas.

Nuestro sistema jurídico siempre será manipulable mientras no exista en estos magistrados ética profesional, vocación plena del derecho para defender lo justo, criterio honesto para anteponer intereses personales en aras a una verdadera justicia equitativa e imparcial.

Las remuneraciones de jueces y fiscales deben ser justas pero razonables, en función al trabajo en su carrera, su capacidad, sus logros y méritos. La antigüedad no genera un valor adicional, tampoco  el léxico florido del buen entendimiento de las leyes, el valor de cada juez está representado únicamente en su talento para impartir justicia, siguiendo lo estipulado en uno de los principios de su decálogo. “Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia”.

No obstante es menester del gobierno así como de todas sus fuerzas políticas luchar por una distribución justa de las remuneraciones en los diversos sectores del estado, aquí no es una competencia de quien debe ganar más o igual, sino de retribuir adecuadamente según su desempeño.

El gobierno debe dar el ejemplo, controlando las remuneraciones excesivas dentro su entorno, cuanto más costosa sea la burocracia ineficiente, mayor será la indignación en todos los trabajadores del Estado.