Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
Contra viento y marea y sin mayor deliberación, el Gobierno piensa burlarse de los peruanos tratando de aprobar, en vía rápida en el Congreso de la República, el proyecto de ley de la modernización de refinería Talara. No debemos permitirlo, el debate tiene que ser intenso, informado y objetivo, lo que no significa que esperemos las calendas griegas para decidir, sino que haya seriedad y no la demagogia irresponsable de los ministros de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, y de Energía y Minas, Jorge Merino.
Hasta el momento solo disponemos de una nota de prensa del Ejecutivo, plagada de generalidades e imprecisiones, más las declaraciones desinformadas y desatinadas del ministro de Energía; tenemos que ver la propuesta legislativa para tomar posiciones. Sin embargo, por lo observado hasta el momento con el seguimiento que hago al proyecto en los últimos siete años, tengo serias dudas y todo parece que aquí los únicos que ganarán serán: el banco estructurador, las entidades financieras, el contratista de la construcción y el supervisor.
No observo cuál es la ganancia para el país, pues ese discurso del efecto multiplicador de la economía en la etapa constructiva es un argumento de los cortoplacistas, beneficios de unos cuantos salarios del presente para una deuda futura de largo plazo que la pagamos todos. Peor aún es la afirmación de que con esta obra nos pondremos en las ligas mayores del mundo de la refinación, cuando la planta modernizada será de un tamaño que no llegará al 17% de las que puedan hacer economía de escala a nivel mundial.
Los temas a discutir empiezan por el monto, que al fin han reconocido que será de 3,500 millones de dólares, por más que puedan entregarse a la responsabilidad de terceros la inversión de ciertos servicios. Pero inclusive en esta cifra se pretende escamotear dos puntos importantes: lo que se ha gastado en todo el proceso hasta la fecha y el estimado de reajustes de precios a futuro; tengo la seguridad que por ambos rubros se sumarán unos 500 millones de dólares adicionales, contando el pago de intereses de los créditos en la etapa constructiva. Es decir que esta obra estará bordeando al finalizarse, si es que se hace en estas condiciones, no menos de los 4,000 millones de dólares.
Un segundo tema a tratar es sobre el flujo de pagos futuros, que según afirman el ministro Castilla, no requerirá de asistencia del tesoro público; muestren los flujos y podremos hablar con propiedad, pues no es creíble lo que menciona. Hoy, las condiciones con las que se formuló el esquema actual en el 2006, que eran muy favorables, ya no son así: las inversiones se han triplicado, los crudos pesados cuestan mucho más que antes y los combustibles que se busca reemplazar para tener mayor margen, se han recuperado en precios. A esto se agrega que las tendencias a futuro siguen el mismo patrón que las actuales.
El tercer tema es que el ministro Merino ha mencionado que con esta obra podremos utilizar los crudos pesados que existen en el Lote 67 que acaba de poner en producción en cantidades magras el consorcio conformado por las empresas Petrovietnam-Perenco. Hasta donde sabemos y deben demostrar lo contrario, el diseño con una producción de máxima rentabilidad se ha hecho con un petróleo de mejor calidad que el mencionado y que corresponde a una producción ecuatoriana, denominada crudo Napo.
El cuarto tema es el referido a las formalidades contractuales, es conocido que se ha elaborado ingeniería correspondiente a una planta nueva de 100 mil barriles diarios (MBD), en lugar de lo exigido en el concurso original que era una ampliación de tan solo 30 MBD, por más que esta decisión pueda tener racionalidad económica, en el Estado nadie puede cambiar un contrato concursado para hacer un diseño de más del triple de tamaño al solicitado. Por otro lado la estructuración financiera ha sido contratada con el supuesto que la inversión en el proyecto ascendería a 1,700 millones de dólares, cifra que está lejana a la que se ha anunciado, por tanto las comisiones al banco estructurador deben ser refinanciadas, pues a montos mayores los porcentajes deberían ser menores.
En resumen, hay demasiados cabos sueltos. En el Congreso y en el debate público debe quedar meridianamente claro que se está actuando correctamente; con lo exhibido no parece ser así. Yo apostaría que si no convencen los argumentos, que se haga un concurso de la obra con financiamiento del postor, el mercado es el que asigna mejor los precios que cualquier acuerdo de círculo cerrado entre los que aspiran la obra y los interesados en ganar dinero que son el contratista y banqueros. Por la salud de los funcionarios del Estado que serán los que firmen las decisiones que se tomen, concursen los procesos, pues tengan la seguridad que al término del “humalismo” de confrontación permanente con el adversario político que vivimos, habrá no una megacomisión sino una gigacomisión investigadora. A esas alturas los que ganaron dinero ya estarán a buen recaudo en sus países de origen, mientras que los que tomaron el riesgo vivirán en el Perú.
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