Venta del 49% de Petroperú: más ruidos que nueces

El promocionado proyecto de ley de la modernización de refinería Talara, trae entre sus sorpresas, que no son pocas, el ofrecimiento de la venta del 49% de las acciones de Petroperú. El autor de la idea, que no tengo ninguna duda que es el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, ha cometido una barbaridad en su estrategia política, que es pertinente analizar para el debate que se debe desarrollar en el Congreso de la República esta semana.

El principio básico del raciocino político  es que el “gobierno conyugal” es débil, tiene aliados precarios cuyos votos tienen enorme costo, como el caso del partido de Alejandro Toledo, Perú Posible.
Pero la debilidad no solo se da en el Legislativo, sino también en los pequeños grupos organizados, que generan protesta mediática altisonante, como los de militancia de izquierda o centro-izquierda. En este orden de cosas proponer una venta de acciones de la petrolera estatal tiene que realizarse bajo un esquema que conjugue los intereses de montescos y capuletos, que en el proyecto presentado, no ocurre y tan es así que desde la izquierda y la derecha han salido a fustigar la medida.

Vender el 49%, más allá que parte de este porcentaje pueda colocarse como accionariado difundido, requiere un inversionista que conozca el negocio de la refinación de petróleo y que haga un aporte importante de capital. Nadie del sector privado, en su sano juicio, va hacerlo  sin que le den el control de la empresa, lo cual puede acordarse a pesar de que sea accionista no mayoritario, pero eso es un imposible para un gobierno débil. De allí la protesta de la derecha y de los neoliberales. Desde la izquierda la venta del 49% es percibida como una colocación al límite de perder el control y les genera rechazo.

Lo correcto y posible en la venta de acciones, es colocar un 20% en bolsa que ya tiene aceptación pública unánime. Esta medida no permite una reforma estructural mayor en la empresa, pero será un primer paso para obtener capital fresco e introducir directores de los accionistas.

Si el gobierno quiere imponer en plazo sumario su propuesta legislativa para modernizar Talara, ha introducido una variable para la confrontación, que podría truncar el objetivo que persigue.