¡Cuidado! : Ley Petroperú es un caballazo riesgoso

César Gutiérrez, autor de estas líneas

Miguel Castilla, factótum del régimen “humalista”, está exhibiendo una nueva faceta, la de vocero, antes estuvo tras bambalinas, ahora ha salido a tomar el toro por las astas. Primero ha ido a la sede del Poder Judicial a sustentar su negativa al incremento salarial, retirándose molesto y hablando que en este poder del Estado lo están chantajeando;  y, en segundo lugar, se ha recorrido los medios de comunicación defendiendo su proyecto de ley de la ejecución de la modernización de la refinería Talara. ¿Qué ha originado esta conversión casi religiosa como dice la canción? Se ha envalentonado o es el premier César Villanueva quien lo ha empujado a que ponga la cara. Me gustaría que fuera más de lo segundo que de lo primero, pues sería un cambio en las relaciones de poder y el primer acto por el cual felicitar al primer ministro. Pero al margen de ello no deja de sorprender el proyecto enviado al Legislativo, identificado con el número 3062/2013-PE.

No me llama la atención  la garantía soberana de hasta por 1,000 millones de dólares, con un máximo anual de 200 millones de dólares, es evidente que esto cubrirá la eventualidad de falta de pago en el lapso de 5 años (artículo 5). Eso significa que los financistas no tienen seguridad que el flujo de beneficios futuro permita a la petrolera estatal pagar la deuda. Así que ese discurso que el tesoro público no aportará ni un céntimo no es real, es solo pirotecnia mediática, manifestada con circunspección propia de un integrante de la Cámara de los Lores, del parlamento británico. Que quede claro, pueden llegar a cubrir las arcas fiscales hasta mil millones de dólares de deuda de Petroperú. No tenemos por qué engañar a los agentes económicos con discurso falaz.

Es un hecho relevante la reorganización de la empresa (artículo 4) en un plazo de 270 días en todos sus aspectos. Eso significa que en el 2014 podemos tener una empresa con despidos masivos y la creación de una nueva élite de funcionarios, con sueldos que vayan muy por encima de lo que se paga en la administración del Estado, que sería la forma de hacer atractiva una plaza de trabajo en la petrolera. Así que señores de los sindicatos, se da “luz verde” para una noche de cuchillos largos, sería bueno que estén preparados, si es que la ley se aprueba tal como está escrita. Turbulencia sindical a la vista para el año próximo, ¿la soportará el gobierno o dará marcha atrás como hace cada vez que la grita callejera atemoriza al “gobierno conyugal”? Corren las apuestas.

Actividades

Otro tema es sobre las llamadas actividades de Petroperú (artículo 6) donde se dice claramente y comparto la idea que la petrolera del Estado no debe invertir en aquellos emprendimientos donde no se afecte el proyecto de Talara y no demanden recursos del tesoro, ¿significará esto que se elimina el aporte de 400 millones de dólares para el ducto de etano de la ley aprobada por este gobierno para  promover el polo petroquímico del sur? ¿Rugirá el sur del país y celebrará el norte? Aclaren esto de una vez por todas y no dejen la duda para aplicarla más adelante.

Sobre el ya trajinado anuncio de venta del 49% de las acciones (artículo 3), hay mucho que decir. Está dirigido al ingreso de una corporación privada, pues en la segunda disposición complementaria, se señala expresamente que en accionariado difundido se podrá colocar no menos de 5%, en buen romance, será 5%. Es decir que el 44% restante estará para una organización del sector. Del mundo occidental veo difícil que alguien apueste el 44% del capital para no tener control en una empresa estatal de gobiernos precarios, como son los peruanos. Está como para una estatal china como la CNPC, que con la compra de activos de Petrobras, se ha convertido en el primer actor del mercado peruano de hidrocarburos. ¿Caminamos a otra Shougang?

Finalmente, en el artículo 2 se indica que la ley está en el contexto del contrato FEED-EPC firmado, o sea el que se tiene con la contratista española Técnicas Reunidas, pero recuérdese que en este contrato queda la posibilidad de licitar el EPC y cuando miembros del directorio de Petroperú han mencionado públicamente que hay empresas japonesas  interesadas, y en la primera disposición complementaria se indica que en 60 días recién se emitirá el reglamento para hacer aplicable la ley, muchas cosas pueden ocurrir, por ejemplo de cambiar de contratista. La pregunta que fluye es ¿si se van a demorar 60 días para el reglamento, para qué tanta precipitación? ¿Por qué se ha preferido la hora nona para presentar el proyecto?

En resumen, si no se aclaran las cosas nadie está seguro de nada, salvo el ministro Castilla que es quien maneja el cuchillo para cortar el pastel. Estén atentos señores congresistas y no dejen perpetrar algunas barbaridades que pueden tener fin subalterno, exijan precisiones por la tranquilidad de todos.