La PNP quiere un trato digno, no depuración

En reciente entrevista, el doctor Walter Albán, flamante ministro del Interior ha manifestado que necesita gente experta, de su confianza y que no alimente una imagen de corrupción. En consecuencia va a depurar la institución. Depurar suena a purga. Creemos, sin embargo en las buenas intenciones del señor ministro. Y sobre todo entendemos su preocupación por devolverle a la PNP una imagen venida a menos, no por una corrupción generalizada, sino por algunos malos elementos que no solo no han podido ser expectorados por este Gobierno, sino que, incluso, han sido promovidos por él.

Como el señor ministro ha tratado en esa entrevista el tema laboral, cabe puntualizar que la relación Estado-Policía, en cuanto es la de Empleador- Trabajador, es una relación laboral tuitiva. Sin embargo en este caso el empleador, por tener poder político y económico, impone las condiciones, es decir usa a su manera el Principio de Dominio que otorga el poder económico, en detrimento y menoscabo de los derechos básicos a que tiene derecho todo policía. Pero no hay que olvidar que la Constitución dispone en los artículos 24 y siguientes que todo persona que presta un servicio, tiene derecho a una remuneración, tiene derecho a la estabilidad laboral, tiene derecho a que se respete el debido proceso a nivel administrativo y judicial también.

Con esto último queremos resaltar que la nueva norma, que su despacho propondría para aumentar las causales de despido, rige a partir de la entrada en vigencia para adelante y no tiene efectos retroactivos, para calificar actos que al tiempo de cometerse no estaban tipificados como faltas y/o delitos; y que las medidas a adoptarse, no sean para intimidar y conseguir policías de diferentes jerarquías, sin autoridad, dispuestos a dar cumplimiento a los favores políticos y que se "olviden" cumplir su misión específica El policía ingresa a la institución después de pasar un riguroso concurso, luego su contrato de trabajo es pactado a plazo indeterminado; la remuneración que percibe está determinada de acuerdo a los grados jerárquicos y los derechos convencionales y legales; también, están determinados en la Constitución y leyes especiales del sector. Le corresponden ocho horas de trabajo diario, máximo 48 horas semanales, un descanso dominical. Cualquier aumento del número de horas de trabajo implica necesariamente un pago adicional, por concepto de horas extras de acuerdo a las normas constitucionales de protección al trabajador señaladas en la Constitución. Es norma constitucional que nadie puede ser obligado a trabajar sobretiempo, tanto en su otorgamiento como en su prestación, salvo el caso justificado a consecuencia de fuerza mayor. Cuando el trabajo de horas extras es impuesto, la "patronal" es sancionada con el pago del 100% de su valor.

No son estas críticas destructivas u obstruccionistas, sino un esfuerzo por contribuir a un mejor entendimiento entre la PNP y el despacho del Dr. Albán. Con la verdad no se ofende ni se teme. Por ello debemos recordar, además, que su antecesor, el Dr. Pedraza anuncio una partida de 450 millones para la construcción de un hospital moderno, pues el actual se cae a pedazos y algo tan esencial como la emergencia de este nosocomio, ha colapsado. Este es un botón de muestra de cómo nos trata el Estado que quiere ‘depurarnos’. Esperamos que el Dr. Alban, ex Defensor del Pueblo, le devuelva en su gestión la esperanza y la dignidad al pueblo policial.

(*) Presidente de la Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú (ADOGEN-PNP).

Nota publicada en larazon.pe