Universidades: El triángulo del conocimiento

Necesitamos  mejorar nuestro capital humano y tecnológico lo que no se logra sin una educación superior de calidad. Por ello a nadie puede extrañar que la Ley Universitaria  esté en el centro del debate político y que haya originado el rechazo de docentes y estudiantes. Aprobada ya en la Comisión de Educación, que preside Daniel Mora, ahora ingresará al pleno congresal.

La propuesta se está imponiendo al caballazo, ignorando la autonomía universitaria. Se propone una Superintendencia Nacional de la Universidad Peruana para reemplazar a la actual Asamblea Nacional de Rectores y al Consejo Nacional de Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu) pero ello concentra todos los temores en tanto estará adscrita al Ministerio de Educación. Tendrá funciones normativas, reguladoras y de fiscalización de los recursos de las universidades lo que significa dejar su suerte en manos del Ejecutivo y de sus designios políticos, liquidando toda autonomía. Esa nueva entidad super poderosa autorizaría la creación y funcionamiento de universidades públicas y privadas.

Según la ANR tenemos 133 universidades de las cuales 50 estatales, con más de 309,000 alumnos, y 82 particulares, con una población de más de 474,000 estudiantes. Todos verían modificado su régimen de estudio. A comenzar por la acreditación que también quedará en manos de la Superintendencia que podrá cerrar la universidad o la facultad considerada sin la calidad requerida. Además se anularía el bachillerato automático y la forma de alcanzar la licenciatura, haciendo obligatorio el idioma extranjero o una lengua nativa.

Un punto de fricción efectiva es la elección de las autoridades - rectores, vicerrectores y decanos- a cargo de los docentes, estudiantes y graduados mediante “voto universal”, por cinco años. Se habla de procesos electorales con segunda vuelta lo que mantendría en vilo a las instituciones, politizadas al máximo, dando espacio al clientelismo, populismo y demás prédicas políticas permanentes propias de las campañas.

Alan García ha resumido posiciones señalando que el proyecto es una “amenaza a la libertad de pensamiento y un grave retroceso”. No le falta razón desde que la Superintendencia sería manejada políticamente. Y si bien la actual autonomía no garantiza la calidad educativa si evita las interferencias que históricamente han sido groseras en el país.

El debate es positivo, la imposición absolutamente negativa. Falta el diálogo sereno que contemple otras propuestas renovadoras. Es cierto que debemos cambiar la situación de la universidad pública, pauperizada, para estudiantes de menores recursos y también las instituciones privadas, como muy rentable negocio para formar una supuesta élite con mejor educación, pero démonos tiempo como sociedad para debatir.

El Congreso no puede aprobar un proyecto de ley que solo agravará el conflicto sin lograr que el sistema universitario mejore para formar el capital humano que necesitamos sin discriminaciones sociales ni económicas. La educación, la investigación y la innovación son los vértices del llamado “triángulo del conocimiento”, base para un crecimiento inteligente. Por esa asociación conceptual debemos comenzar.