La justicia y los jueces

Finalmente terminó la denominada “Sala Plena Permanente” que no era otra cosa que una huelga blanca asumida por los jueces superiores, de primera instancia y de paz letrados en las cortes de justicia del país en demanda de reajustes salariales.  Los magistrados, ahora, al retornar a sus despachos tienen el ineludible deber de  ponerse al día en la atención de los casos que les están asignados. El plazo que tienen es de poco más de un mes antes de que comiencen, en febrero del año próximo, las vacaciones judiciales anuales que volverán a  paralizar la casi totalidad de los estamentos del aparato burocrático del Poder Judicial.   Al margen de las reclamaciones salariales, tanto de magistrados como de empleados administrativos, encontramos que estas paralizaciones son nefastas porque lo que se trastoca -en el fondo-  es la observancia de los términos que el ordenamiento legal señala para pautear el devenir de los procesos instaurados. La lentitud es un mal que hasta ahora, con reformas y aumentos de haberes, no se ha podido  confrontar y mejorar.

Alguien dijo alguna vez que la Justicia sin celeridad deja de ser Justicia. Aquello es  la pura verdad. Si una sentencia,  que pone fin a una reclamación o a un litigio entre personas naturales o jurídicas,  llega a destiempo,  de poco le servirá a la parte victoriosa. Por ejemplo si una pobre madre  de varios hijos que reclama alimentos de quien es el padre de sus vástagos no consigue que se le fije una pensión alimenticia en breve término queda ella condenada a sufrir los más angustiantes padecimientos. Tribulaciones como éstas que parecen, lamentablemente, no conmover a algunos jueces indolentes que,  a pesar de estar gratificados con muy buenas remuneraciones,  no atienden el despacho de su carga procesal con la rapidez requerida.  Lo mismo ocurre con los reclamos de los trabajadores o con las causas relacionadas con la propiedad y la posesión de tierra agrícola que se alargan indefinidamente. Sería pues muy larga la enumeración de los planos en los cuales donde el retardo, en la tramitación y resolución de las causas penales, civiles, administrativas o de cualquier otra naturaleza jurídica,  causa grandes agravios.

Hay que reconocer que  también hay muchas otras causas que confluyen en la gestación de estos graves problemas. Una de ellas es la carencia de jueces. Es evidente que faltan jueces nombrados para proveer las numerosas plazas vacantes que,  desde hace años,  no están provisionadas y evitar, con ello, la improvisación con funcionarios de menor categoría que no siempre están  capacitados o con el “expertice” indispensable para desempeñar  eficiente y rápido esta delicada tarea de administrar justicia. Hay carencia igualmente de auxiliares  bien entrenados en estos menesteres que contribuyan, con cultura jurídica básica y criterio personal, a la agilización de los complicados trámites (algunos ya obsoletos) que informan a este poder del Estado. Esta es responsabilidad del Estado que aún  conserva mecanismos complicados, dentro de la organización de los diversos organismos relacionados con la Justicia para el nombramiento de jueces. Sin magistrados suficientes e idóneos es poco menos que imposible esperar que la Justicia sea, para todos los peruanos, un valor alcanzable  en tiempo oportuno.

Se han reajustado recientemente los sueldos de los magistrados. Bien por ellos aunque no se les haya efectuado la homologación en los porcentajes que ambicionaban. Los ciudadanos de a pie, que somos todos los peruanos, incluyendo especialmente a quienes ejercemos la noble profesión de la Abogacía en la defensa libre, demandamos de estos funcionarios, en todas las instancias,  desde el jºuez de Paz Letrado hasta el juez supremo , que hagan un esfuerzo sacrificado para ponerse al día trabajando más allá de los horarios e inclusive, si es necesario, los sábados hasta reducir su carga de expedientes en forma apreciable;  dando preferencia a la exhumación de aquellas causas que como se dice: “duermen el sueño de los justos” ( ante la indolencia de los injustos) desde hace muchísimo tiempo.  Realmente  se tiene que cambiar de mentalidad para que el juez comprenda, con más humanidad, la situación de apremio que viven quienes, agotada la vía conciliatoria directa, acuden a los diversos estrados judiciales para pedir que se atiendan algunos problemas que son competencia de este sistema tan complicado.

En el caso especial del departamento de Piura -que es un verdadero polo de desarrollo del Perú y que por esta razón registra, en estos últimos años, mucho más movimiento de dinero, bienes y personas, en esta jurisdicción,  se debe aumentar el número de plazas en campos tales como el Derecho Civil y el Derecho Laboral.  Los vientos de renovación y cambio que han empezado desde el año pasado, en la Corte de Piura, con algunas innovaciones y ampliaciones interesantes, tienen que ser completadas  con un número mayor de  funcionarios que se encarguen de hacer de la Justicia un valor que se puede obtener dentro de los plazos legales.

Nota publicada en eltiempo.pe