Aprueban informe final sobre 'Caso Ecoteva'

La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Vicente Zeballos Salinas (SN), aprobó por mayoría el informe final en el cual se recomienda solicitar al Ministerio Público que investigue al expresidente Alejandro Toledo, su esposa, su suegra, un empresario israelí amigo suyo, su exasesor de seguridad y un abogado peruano por la supuesta comisión del delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

El informe se basa en la presunción de “indicios razonables” de la comisión de esos ilícitos penales por parte de Toledo, Eliane Karp, Eva Fernenbug, Josef Maiman, Avraham Dan On, y David Ezquenazi, respectivamente.

Recomienda que, en uso de sus respectivas atribuciones, el Ministerio Público investigue al expresidente Alejandro Toledo y a las personas de su entorno por los supuestos delitos de lavado de activos, tipificados en los primeros seis artículos del DL 1106 y en el artículo 317º del Código Penal, respectivamente.

También recomienda a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) que tome acciones administrativas a fin de determinar “posibles incumplimientos de obligaciones tributarias y de evasión de pago de impuestos” por parte de Toledo, Karp y Fernenbug, ya que “no registran presentación de las Declaraciones Anuales de Impuesto a la Renta por los ejercicios 2010, 2011 y 2012”.

Pros y contras

La decisión fue tomada al cabo de tres horas de debate durante el cual congresistas, principalmente de Perú Posible (PP) que lidera Toledo, trataron infructuosamente de levantar los cargos, en tanto que los opositores insistían en que el documento era “correcto y certero”.

Los primeros cuestionaron, además, que el informe no recogiera las observaciones y aportes hechos durante el debate, y que se aprobara “al carpetazo”.

En la sesión convocada exclusivamente para tratar el tema, realizada el lunes 6, el documento fue inicialmente cuestionado por los legisladores José León (PP), Carmen Omonte, Mariano Portugal, Casio Huaire (PP) y Yonhy Lescano (AP-FA); y al mismo tiempo, defendido por Héctor Becerril, Juan Díaz Dios, Pedro Spadaro, Julio Gagó (FP), Luis Galarreta (PPC-APP), Esther Saavedra (NGP) y Mauricio Mulder (CP), entre otros.

León Rivera, quien inició el debate, cuestionó el informe preliminar por no haberse realizado respetando la Constitución, el ordenamiento jurídico y los convenios internacionales.

Afirmó que el informe omite reconocer la validez de las 35 transferencias de dinero realizadas entre los años 2006 y 2010, debidamente certificadas por los bancos de Suiza y Costa Rica, a través de los cuales la empresa Confiado, con sede en el país europeo, hizo diversos depósitos por más de 17 millones de dólares a las empresas Milan Ecotech y Ecostate, para finalmente llegar a la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica, y de la cual se hizo la transferencia a Scotiabank del Perú y pagó la adquisición de los inmuebles.

El congresista cuestionó también que se pretendiera acusar de lavado de activo a un magnate que, según la revista Forbes, tiene seis mil millones de dólares en inversiones en todo el mundo.

El segundo orador, Lescano Ancieta, argumentó que el informe no tipificaba el delito, como exige la ley penal, y pretendía denunciar a un expresidente sobre la base de declaraciones recogidas durante el proceso de investigación, sin prueba alguna.

Recordó que ya, ante la 48 Fiscalía en lo Penal de Lima, Maiman había entregado pruebas para demostrar la licitud de sus movimientos bancarios. Sin embargo, la comisión parlamentaria no había comprobado si esas versiones eran ciertas.

Criticó que el informe haga referencia a presunciones y sospechas sobre el origen ilícito. “Si no se conoce el origen, no se puede demostrar la comisión del delito”, dijo.

Informe final

Para la legisladora Carmen Omonte, la Comisión no había aportado “nada nuevo” a lo ya investigado por la 48 Fiscalía, se limitaba a “cuestionar las declaraciones de (Alejandro) Toledo” y pretendía pronunciarse desde una perspectiva política, y no “a la luz de los acuerdos internacionales”.

A su turno, Mariano Portugal propuso desestimar el proyecto de informe, completarlo con pruebas o dejar que la fiscalía concluya su labor.

Ello porque, en su opinión, “está probado que Toledo no ha comprado ninguna propiedad, y el pago de las hipotecas de sus dos viviendas fue hecho gracias a un préstamo personal de su amigo Maiman, quien además ha confirmado esa versión.

Del lado opositor, Héctor Becerril afirmó que los defensores del expresidente estaban “viviendo en un mundo de fantasía” por negar la existencia de “indicios suficientes” de la comisión de los delitos denunciados, como lo señala el proyecto de informe final, basado en “hechos objetivos y contundentes”.

Sus colegas Esther Saavedra (NGP), del FP, PPC-APP y CP coincidieron en reiterar la “contundencia” de los indicios, ya que se había tratado de ocultar el origen de los fondos para la adquisición de los inmuebles cuestionados, aparte de las contradictorias versiones vertidas por el expresidente sobre el mismo punto.