Pretendido control gubernamental en las universidades

A nombre de hechos innegables y lesivos a la formación universitaria, el oficialismo al alimón con su aliado Perú Posible, pretenden aprobar una nueva ley donde no queda lugar a dudas la vocación intervencionista desde las esferas del Ejecutivo. Es tan evidente este hecho que el propio Ollanta Humala declaró a la prensa a mediados de diciembre pasado que “no aceptarán que las universidades sean caja chica de un partido político”. Más elocuente no pudo haber sido.

El punto central está en la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU), que sería el gran ente directriz del funcionamiento de las entidades en reemplazo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que debería hacer una autocrítica sincera de sus errores, carencias y omisiones, que han dado motivos para esta propuesta gubernamental.

 La conformación de la SUNAE con nueve miembros, solo tiene garantizada la representación de dos independientes: uno proveniente de los colegios profesionales y uno del sector empresarial. Dos miembros que representan a las entidades privadas que tengan el mayor número de carreras, excluyen a dos prestigiosos centros de estudios privados con amplia trayectoria como las universidades de Lima y Pacífico, que serán materia de suspicacias.

Otros dos miembros que vendrían de las nacionales siempre serán sujetos de manipulación desde las esferas del poder. Indubitablemente habrá tres miembros del gobierno de turno en representación del Ministerio de Educación, el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y del Consejo de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).

Nadie podrá negar que la proliferación de centros de estudios universitarios tanto estatales como privados, con grandes limitaciones de infraestructura, presupuestales para hacer investigación y con docentes de bajo nivel, ya sea por su formación académica o inexperiencia práctica en las materias que enseñan, no contribuyen en lo absoluto a tener profesionales para laborar en un mercado cada vez más competitivo, defraudando el esfuerzo económico de los padres que quieren que sus hijos sean profesionales, pero no podemos permitir que a nombre de ello se busque un manejo a gusto del ocupante de la Casa de Pizarro. ¡Orden sí, sometimiento no!