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Martes 21 de enero 2014

Cerca de 300 implicados en cuestionada venta de acciones de ex cooperativas azucareras

Casagrande Laredo Andahuasi Cartavio y Chucarapi-Pampa Blanca.
Cerca de 300 implicados en cuestionada venta de acciones de ex cooperativas azucareras
Foto: congreso.gob.pe

Cerca de 300 personas tendrían diferente tipo de responsabilidad en la venta de acciones de cinco empresas azucareras, y entre ellas figuran empresarios y altos funcionarios públicos, para quienes se pedirá el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil.

Así lo indicó el congresista Roberto Angulo Álvarez (NGP), presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar las supuestas irregularidades en la venta de acciones de las empresas Cartavio, Casa Grande, Laredo, Chucarapi-Pampa Blanca y Andahuasi.

“Se trata de una investigación amplia y profunda a empresas que tienen una larga historia de aproximadamente 30 años cada una. Hemos identificado a 296 personas de diferentes ámbitos: político, de la administración pública, del sector bursátil y finanzas, empresarios, trabajadores y terceros involucrados que tienen diferente grado de responsabilidad”, anotó.

Un denominador común en el que habrían incurrido los compradores de las acciones de las cinco empresas agrarias habría sido la evasión del cumplimiento del requisito de participación en el proceso de Oferta Pública de Adquisiciones (OPA), dijo el congresista.

En efecto, la Ley de Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861, establece como carácter obligatorio la concurrencia a un proceso de oferta pública en el caso de venta de acciones del Estado, cuando las acciones a ser negociadas superan el umbral del 25% del accionariado.

Pese a que la Superintendencia del Mercado de Valores (Ex Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-CONASEV-) impuso una multa a los grupos económicos, ésta solo sirvió para que se concretara el acto ilegal, puesto que quienes adquirieron las acciones continuaron poseyéndolas hasta que el proceso fue suspendido por la ex Conasev.

Por su lado, el grupo Wong pidió a la ex Conasev que se autorice la sustitución de la obligación de vender las acciones adquiridas de manera cuestionable, acogiéndose al artículo 72° de la Ley de Mercado de Valores, para realizar una OPA hasta por el 100% de las acciones representativas del capital social de Andahuasi. Esto, pese a que lo más beneficioso y práctico hubiera sido paralizar la operación de 49 millones 422 mil 573 acciones de la empresa Agraria Andahuasi, del 14 de mayo del 2009 (cuando se realizó la venta), bajo una correcta supervisión de la ex Conasev.

El parlamentario indicó que en el transcurso de hechos se habría incurrido en irregularidades, infracciones y delitos, como concertación de precios, asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas y evasión tributaria, entre otros.

Angulo Álvarez señaló que será el Pleno del Congreso la instancia que deberá aprobar el pedido del levantamiento del secreto bancario, el secreto bursátil y la reserva tributaria, una vez que apruebe el informe del grupo de trabajo. Entre las personas que serían sometidas a este tipo de investigación se encuentran los hermanos Erasmo y Efraín Wong Lu Vega, Antonio Palacios Tejada, Manuel José Marcos Bustamante y José Fernando Romero Tapia (de la empresa Andahuasi).

También hay un pedido de levantamiento del secreto bancario para el ex gerente general de Scotia Bolsa S.A.B., Enrique Sphilman Denegri.

Angulo Álvarez señaló que la investigación, que contó con la concurrencia de 72 personas de 131 citados, dejó establecido el marco jurídico en que se desenvolvió la transferencia de las empresas agrícolas; la identificación de 296 implicados y la comprobación del grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Sin embargo, señaló, falta realizar el interrogatorio a 127 personas y verificar si hay vínculos de algunos de los involucrados con empresas offshore de Panamá, para determinar el origen del dinero que se destinó para la adquisición de acciones.

DE GRADO O FUERZA

Indicó que entre los más renuentes a concurrir a la comisión se encuentran el empresario Efraín Wong Lu Vega. Por eso se solicitará al Poder Judicial que autorice su presencia de grado o fuerza, después de obtenida la información de los secretos bancario, bursátil y la reserva tributaria.

AMPLIACIÓN DE PLAZO

El legislador señaló que, de los cinco casos, dos están casi concluidos, el de Andahuasi y Chucarapi- Pampa Blanca, pero faltan Cartavio, Casa Grande y Laredo.

“El 12 de febrero vence el plazo que nos otorgó a la comisión, pero se requerirá de unos 180 días más, lo que solicitaremos al Pleno cuando se reanude el segundo período legislativo”, anotó.

Indicó que el informe debió ser sustentado en la legislatura recién concluida, pero fue trasladado a la siguiente, que comenzará el 1 de marzo.

ESTADO PERDIÓ DINERO

Angulo Álvarez manifestó que lo que buscan los integrantes del grupo de trabajo, y él en particular, es que se sepa la verdad de lo que ocurrió con la venta de las acciones de empresas azucareras de amplia tradición en el país.

“Es necesario que se conozca por qué se mal barateó el patrimonio de empresas que pertenecían a la colectividad afectando a más de 18 mil personas en forma directa y más de cien mil en forma indirecta”, expresó el legislador.

Señaló que aún no se conoce la suma, pero que la cifra sería de varios millones de soles y de igual manera los trabajadores socios fundadores.

Son integrantes de la comisión los congresistas Richard Acuña Núñez (PPC-APP), Víctor Crisólogo Espejo (PP), Doris Oseda Soto (NGP ) y Néstor Valqui Matos (FP). (MED).

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