Comandante Evo y sus ministros

Termina el 8vo año de gestión continua, del Presidente Evo Morales y con ello el posible cambio de ministros y/o ministras. Este año no hubo una ratificación de facto y “en paquete” del gabinete, como ocurrió a inicios del 2013… Vale entonces, repasar posibles cambios.

Posiblemente serán siete ministros que serán alejados del Ejecutivo, señalan entre líneas los dirigentes del MAS y entre ellos; el Ministro de Educación, que enfrentó dificultades por racismo hacia uno de sus viceministros, debilidades en la demorada construcción de contenidos de la Ley 070 de Educación Boliviana Avelino Siñani-Elizardo Pérez y una impotencia, casi crónica, porque el Satélite Tupac Katari llegó antes que los Telecentros Educativos instalados. Posibles reemplazantes: Noel Aguirre, y el ex viceministro orureño radicado en El Alto, Benecio Quispe.

Otro posible cambio es el de Cecilia Ayllón, Ministra de Justicia que visibilizó algunas debilidades: a) divorcio entre el Poder Judicial, el pueblo boliviano en general y el gobierno en particular; b) Aislamiento y estancamiento de la reforma judicial tras la elección de los jueces nacionales realizada en octubre 2011, y dos anécdotas, una preocupante: 1) Al celebrarse un aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 2013) en un acto en el Banco Central de Bolivia, ante el reclamo a viva voz de un activista, en lugar de conciliar, la Viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales Ericka Chavez, ordenó a la Policía sacarla por la fuerza, demostrando ausencia de tino político, social y judicial; o quién sabe, algún resabio dictatorial. b) Es secreto a voces la subalternización racial hacia nuestra “Mama Isabel”, la actual Viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, Isabel Ortega, ex ejecutiva Nacional de las Bartolinas.

Como posible opción para el Ministerio de Justicia, aparece Sandra Norma García Sandy, conocida por haber llegado a la terna, en la elección para la Fiscalía General del Estado. Impulsora de proyectos como el “Archivo de Justicia Indígena Originario Campesina” y la “Política Criminal Preventiva” del Esta do Plurinacional de Bolivia, acordes con el espíritu de la Constitución Política del Estado; esta profesional abogada tiene como merito estar ligada a las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. Otras mencionadas, son Leny Valdivia (que otrora fue parte de la cúpula de NFR-Manfred Reyes en Cochabamba) y es actual directora de la ASFI, entidad que en su gestión perjudicó a cientos de ahorristas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Luis” de Santa Cruz de la Sierra, por ausencia de fiscalización y que hizo tambalear al sistema financiero sector cooperativas. Otra postulante es Ericka Chávez, viceministra actual del equipo de Ayllón.

Otro posible cambio es el del Ministerio de Comunicación, donde Amanda Dávila habría incurrido en algunos desaciertos: a) Debilidad para defender al Proceso de Cambio y al gobierno; b) “Encierro de Despacho” para no recibir a dirigentes nacionales o a organizaciones sociales y c) Ausencia de operatividad para viabilizar la agenda ministerial. El posible reemplazante, Edgar Ramos, es postulado por la Federación de Mujeres de El Alto y por niveles orgánicos intermedios del partido de gobierno. Son conocidas sus dotes de humanidad-solidaridad, capacidad de comunicación, aporte intelectual y lectura de la realidad.

Entre otras posibles modificaciones ministeriales, se menciona a las carteras de: Medio Ambiente y Agua porque José Antonio Zamora fue devorado por el “potentado chileno de la basura” en El Alto, Robin Joffré; también el Ministerio de Salud, donde Juan Carlos Calvimontes sería reemplazado por el viceministro Martín Maturano y el Ministerio de Obras Públicas en el que Vladimir Sánchez renunciaría por cuestiones de salud. La novedad, se crearía el Ministerio de Deportes cargo que recaería en un ex “Tahuichi”: Diablo Etcheverry o Miguel Rimba.

La demorada y urgente transformación de la justicia boliviana

La elección de los jueces nacionales (de los Tribunales: Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura) en octubre de 2011, fue un paso importante en la democratización estatal pero insuficiente para poner al sistema judicial al servicio (no en perjuicio) de los y las bolivianas que “caen o resbalan” en las fiscalías y juzgados, por algún problema, pequeño o grande.

A su vez, las sanas intenciones y grandes anhelos de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (vigente desde febrero de 2009); caracterizada por los abogados como “más garantista”, para el ciudadano sujeto de investigación judicial, a la fecha tampoco se cumple a cabalidad. Un ejemplo es la nueva Ley 348 (“Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” de marzo de 2013) que comenzó a abarrotar las fiscalías con casos de agresión a mujeres, ante los cuales, jueces y fiscales se resisten a cambiar de actitud. Pero no son las únicas debilidades del sistema judicial.

Otras carencias importantes son un real y verdadero deslinde judicial, ya que el Parlamento aprobó una “Ley de Deslinde Jurisdiccional” (Ley 073 de 29 de diciembre de 2010) que subordina, subalterniza en extremo, la justicia comunitaria a la ordinaria no otorgándole el grado de igualdad en aplicación más aún si se tiene en cuenta que un gran porcentaje de la población Boliviana es parte de alguna comunidad o nacionalidad Indígena Originario Campesina.

Sin embargo; al margen de la desidia –o incapacidad– de autoridades específicas y de sus equipos técnicos, las organizaciones indígena originarias campesinas, especialmente en el oriente y el Trópico de Cochabamba comenzaron a discutir estos y otros delicados temas. No tanto en sus dirigencias nacionales sino en las bases sociales, donde las observaciones son puntuales y propositivas. El asunto es cómo influir en los poderes públicos para apoyar en la demorada pero urgente reforma jurídica y judicial.

En esos debates, acalorados las más de las veces, participan pocos “profesionales del derecho”, de esos formados en base al dubitable “Derecho Romano Occidentalizado” que predomina en nuestras universidades (públicas y privadas). Pero existen algunos intentos rescatables de propuestas legitimas; la Escuela de Jueces es uno de ellos; lento en su andar pero seguro en sus objetivos. Y otra es la propuesta de la abogada Sandra García Sandy, que ingresó en la terna (última etapa) en la elección parlamentaria del Fiscal General del Estado y cercana colaboradora de todas las organizaciones sociales, del trópico, tierras altas y bajas.

La referida Profesional plantea entre otros postulados, por un lado, la creación del “Archivo de Justicia Indígena Originario Campesina”, que consiste en la recolección y compilación de los “Libros de Justicia” de todas las comunidades, capitanías, centrales y otros para que se vea la calidad y cantidad de casos de aplicación de la verdadera justicia comunitaria y no las más de una leyendas urbanas que deforman esta justicia indígena originaria campesina, para que se comprenda el espíritu conciliador de la Justicia comunitaria; misma que fue relegada por los poderes públicos aún después de nuestra tan garantista Constitución; y por otro, también desde el punto de vista de los usos y costumbres la “Aplicación de una Política Criminal Preventiva”, es decir la política educativa para prevenir la consumación de delitos, tarea que no es policial o judicial solamente; sino ante todo educativa social y que tampoco es tomada en cuenta, ni siquiera se han hecho intentos de consulta serios en las distintas gestiones ministeriales.

* “Yawar Mallku” (“Sangre de cóndor”, en quechua). Película boliviana (Jorge Sanjinés 1969) que denuncia la esterilización de mujeres, campesinas y mineras, por parte de “cooperantes voluntarios” de EEUU.

Nota publicada en bolpress.com