Uno de los grandes pilares de la democracia es, sin duda, la participación popular. Lo que en una extensión del término vendría a ser la denominada democracia participativa; es decir, que los ciudadanos tengan la tarea continua de intervenir, colaborar y cooperar en la construcción de un verdadero Estado de derecho.
Sin embargo, en nuestro país lamentablemente esto no ocurre. Es de más conocida la escasa o casi nula participación de la población peruana en asuntos políticos. Por ejemplo, un estudio de opinión pública realizado este año a 18 países de Latinoamérica arroja que solo el 19% de peruanos se interesan en política, lo cual confirma la hipótesis de que la gran mayoría de nuestros compatriotas se mantiene muy al margen de lo que sucede en ese ámbito.
Esta falta de interés se puede apreciar fácilmente en una de las pocas intervenciones directas de la población en asuntos políticos: los procesos electorales. El desinterés aquí radica en que un gran número de votantes lo hacen solo y únicamente porque se les obliga a hacerlo, y no realizan previamente un análisis válido que justifique su opción final. Pesan más las simpatías superfluas por el candidato de turno o las promesas vanas que el historial u hoja de vida de este.
Por tanto, lejos de ser un derecho como tal, el ejercicio electoral se convierte más bien en una peligrosa obligación, la cual ha de cumplirse con la mera finalidad de evitar ser sancionado económicamente. Peligrosa porque, al forzar al ciudadano a ejercer un derecho -situación contradictoria- muchas veces se le está obligando a que tome una decisión a la ligera.
Si el ciudadano no desea ser parte de la toma de decisiones de su país, si no desea ser partícipe de lo que directa o indirectamente le atañe, si no es consciente de que los representantes que sean elegidos dependen íntegramente de él, no debería exigírsele su participación en este proceso democrático. Necesitamos ciudadanos responsables que se comprometan con el bienestar de su nación y que sean capaces de involucrarse de verdad en la vida política.
Hay quienes afirman que la implementación del voto voluntario en nuestro país derivaría en un descrédito del sistema electoral al originar una (mayor) compra de votos por parte de los partidos políticos durante las campañas; o que solo los sectores sociales más altos ejercerán este derecho. Nadie niega que, con el voto facultativo, el número de votantes disminuirá considerablemente, pero ello significará que quienes participen en las urnas sean quienes en realidad están interesados y comprometidos con las decisiones que su elección conlleve.
Obligar a votar a esos 20 millones de peruanos electores bajo pena de multa sería una forma de incrementar su aversión hacia las instituciones políticas, cuando lo que se pretende es precisamente lo contrario. Es preferible remover este tipo de obstáculos innecesarios mediante una política seria que no busque cobijarse detrás de electores cautivos.
Estoy firmemente convencido de que el voto voluntario llevará a nuestro país a una verdadera madurez política, ya que será un voto informado, consciente y premeditado. En ese sentido, el voto libre favorece la calidad del sufragio y constituye un voto responsable y moralmente válido. Concluyo con una frase bastante ilustrativa de Aristóteles: “Cada pueblo tiene el gobernante que se merece”.
Nota publicada en eltiempo.pe