Lunes 15 de junio 2026 | Contáctenos
El presidente del Congreso de la República, Fredy Otárola Peñaranda, anunció el lunes 24 que la reestructuración administrativa de este Poder del Estado; y la reforma de la ley de revocatoria de autoridades regionales y municipales, y las propuestas para designar al nuevo defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitución serán tres de los temas prioritarios a ser debatidos en la segunda legislatura que se iniciará en marzo.
Fue al responder a las preguntas de un panel de periodistas de Radio Nacional que lo entrevistó en horas de la mañana, y en la cual se pronunció sobre diferentes temas de la situación política actual.
Otárola destacó la importancia de emprender una reingeniería administrativa general al interior del Legislativo, a fin de normar la carrera del servidor parlamentario, sobre la base de la ‘meritocracia’; y establecer el concurso de méritos para la contratación de nuevos servidores.
El segundo tema a ser incluido en la agenda del Pleno será las modificaciones propuestas para normar el ejercicio de la revocatoria, ya que tal como está concebida en la actualidad solo genera retrasos y gastos innecesarios. Dijo que el proceso de revocatoria es promovido por los perdedores de las elecciones al día siguiente de que la nueva autoridad asume su cargo, lo que constituye un abuso del derecho.
Buscando consenso
El titular del Parlamento anunció también que “muy pronto” se pondrá a consideración de la Representación Nacional las propuestas para designar al nuevo defensor del Pueblo y a los seis magistrados del TC. Según dijo, ya se tiene los nombres y solo falta lograr consenso entre las bancadas para aprobarlos, tal como se hizo con la designación de los tres nuevos directores del Banco Central de Reserva (BCR), a la que solo se opusieron los legisladores de la bancada aprista.
Otros de los temas a ser tratados en las sesiones plenarias de la segunda legislatura serán los proyectos de la nueva Ley Universitaria y el que propone restablecer la Cámara de Senadores, lo que significaría el retorno a la bicameralidad.
Sobre el primer punto, Otárola opinó que se trata de un proyecto muy importante, ya que es necesario reformar la situación al interior de esos centros de estudios superiores. “Tal como están ahora (las universidades), no pueden continuar”, dijo, para advertir que el tema será motivo de un amplio debate, que permitirá aclarar las observaciones hechas por algunos sectores.
Una de las principales observaciones al dictamen emitido por la Comisión de Educación está referida a la propuesta de crear una superintendencia de las universidades. En este sentido, Otárola descartó que esa instancia supusiera una intromisión del Estado que atentaría contra la autonomía universitaria.
Por el contrario, defendió la obligación que tiene el Estado de controlar la entrega de títulos, teniendo en cuenta que estos se entregan a nombre de la Nación. Respecto a la bicameralidad, destacó la importancia de restablecer el Senado como la instancia reflexiva.
En cuanto al segundo tema, recordó que la actual Constitución impuso la unicameralidad, en la que se incluyó la doble votación para aprobar un proyecto de ley. Con tal propósito, se estableció que un proyecto volviera a ser sometido al voto al cabo de siete días de su primera votación.
Sin embargo, recordó que la mayoría de proyectos son exonerados de segunda votación, sin ninguna reflexión y por los mismos actores.
Otárola se pronunció a favor de discutir el tema en el Pleno, pero se mostró pesimista respecto a su eventual aprobación, ya que se requiere 86 votos para ello.
No obstante, se pronunció a favor de reducir a 90 el número de congresistas (diputados) y fijar en 40 el número de senadores, a fin de mantener el número actual de legisladores y no incrementar el rechazo de la población.
Imagen del Congreso
En otro pasaje de la entrevista, Otárola consideró preocupante el bajo nivel de aprobación del Congreso. Opinó que no existe una democracia sólida sin un Congreso sólido.
En su opinión, ello se debe a que el Parlamento es la institución más vigilada, cosa que no ocurre con otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Refirió que el Congreso tiene a la prensa en forma permanente, diaria, y se encarga de resaltar lo malo y los escándalos que se suscitan en su interior, dejando de lado lo bueno.
Reconoció que denuncias como la difundida la noche anterior, que involucran al congresista Julio Gagó (FP), contribuyen a desprestigiar más a la institución que preside.
Comentó que el Congreso actual ha sabido actuar con mano dura y ha sancionado a varios de sus integrantes, como prueba de que no ‘blinda’ a quienes actúan contra la ley, y anunció que se actuará con celeridad y mano firme en los casos del congresista Gagó y de su colega Cenaida Uribe (NGP).
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