Viernes 26 de julio 2024 | Contáctenos
El general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, explicó con crudeza el avance del sicariato: “Hay un aumento en estos casos y, como van las cosas, seguirán creciendo. Esto comenzó con delitos relacionados al narcotráfico, pero ahora se ven asesinatos por disputas de bandas rivales o incluso por temas domésticos, una herencia o divorcio”.
En anterior oportunidad el ex secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), llegó al extremo de expresar que al gobierno “no le interesa la seguridad ciudadana”. Asimismo señaló que Conasec, ahora presidido por el ministro del interior, debe tener reuniones ordinarias una vez al mes.
¿Es consciente el Conasec que si el Estado anda a paso lento podemos llegar a la violencia incontrolable como sucede en México? Lo realmente horroroso es que la violencia criminal viene de la mano con el narcotráfico y el terrorismo: la triple alianza tácita o expresa de la muerte. ¿Quién podría acabar con esta situación cuando llegue a su máxima capacidad de destrucción?
La gravedad de la situación es evidente cuando comprobamos que el Perú no cuenta aún con una tipificación adecuada a la realidad para sancionar a los sicarios. Desde 2012 existen proyectos de ley que han descansado en el Congreso. Uno de los proyectos es la incorporación al Código Penal del Art. 108-A.
¿Qué espera el Congreso para aprobar esta norma? El crecimiento de la criminalidad se puede identificar fácilmente porque es una experiencia que vivimos la mayoría de peruanos todos los días, a cualquier hora y en cualquier lugar. Podemos ser asesinados hasta en nuestra propia casa. El problema es el incremento incontrolable de la violencia criminal. ¿Entonces cuáles son las causas de esta violencia criminal?
La causa central es de carácter estructural. Los órganos rectores como el Conasec y el Consejo Nacional de Política Criminal (CNPC), son inoperantes y la Policía Nacional del Perú (PNP) golpea por inercia, y algunas veces, a ciegas, como el ya célebre affaire de López Meneses. La delincuencia es organizada y el Estado es desorganizado.
No existe una política criminal efectiva para enfrentar a la violencia del sicariato. El llamado “Grupo génesis” ha nacido muerto, porque al margen de su diseño atractivo, la implementación aún no puede cumplir sus etapas tácticas. Mientras el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 -como sucede con frecuencia en el Estado- solo es un documento administrativo que descansa en los escritorios de los funcionarios.
Como dice el exministro del interior, general PNP (r) Remigio Hernani Meloni: “Estamos desamparados, el sicariato está en su mejor desarrollo, hay muertos por todos lados, estos crímenes siguen avanzando”, El sicariato se encuentra en ascenso mientras algunos funcionarios del Estado parecen estar haciendo sus maletas y evitan trabajar “en exceso”. ¿Por qué no se trabaja rápido y mejor?
Las organizaciones de Sicarios S.A. se han convertido por efectos de la inacción de las instituciones tutelares, en una nueva industria nacional, que produce sicarios nacionales entrenados con tecnología colombiana. A vista y paciencia de policías, jueces y fiscales, los sicarios “calichines” matan a cualquier hijo de vecino por 200 soles y los “senior” por 5,000 soles asesinan a un alcalde.
En el Perú de nuestros días, la oferta de la industria del crimen es pública y se calcula que en 2 minutos cualquier persona puede contactar con unos 50 sicarios que ofrecen sus servicios a diversos precios. Todo el mundo conoce esta situación mientras algunos funcionarios del Estado parecen aplicar el principio de “dejar hacer dejar pasar”. Ecuador ha tomado la delantera al haber aprobado su ley contra el sicariato.
La gravedad de la situación ha llegado al extremo de motivar al congresista oficialista Jaime Delgado, junto a Yonhy Lescano y Néstor Valqui para exigir al gobierno que enfrente con mano dura la delincuencia organizada. Aunque se mostraron en contra de la pena de muerte, porque es difícil y de largo plazo su aplicación, respaldaron la pena de cadena perpetua y la eliminación de beneficios penitenciarios.
El congresista Valqui opina que “debemos llamar la atención del presidente Humala, para que ponga mano dura contra esos delincuentes que a diario matan en diferentes partes del país. Debe haber sanciones más drásticas como mandarlos al sepa para que vayan a trabajar”. La población percibe que la inseguridad ciudadana es uno de los más graves problemas que debe afrontar el gobierno. La Haya ya ha pasado, ahora queda el peligro de muerte en las calles de la ciudad.
La otra causa central es la ineficiencia de las operaciones contra el crimen. La Policía Nacional del Perú aún no cuenta con recursos humanos, movilidad y equipos idóneos para enfrentar a las organizaciones criminales. A esto se debe agregar que aún no ha llegado la “limpieza” a las comisarías, juzgados y fiscalías. El mejor amigo del crimen es el sistema corrupto. Tal como sucede en México, puede suceder en el Perú.
Una parte de las armas de fuego que utiliza la PNP para asegurar el orden público en el país tienen hasta más de 30 años de antigüedad. Las ametralladoras UZI y revólveres Smith Wesson fueron comprados en 1976 y 1977, respectivamente, mientras que los fusiles y ametralladoras AKM llegaron en 1986. Lo más común para la policía que patrulla la ciudad y se enfrenta a los terroristas en la selva son las pistolas marca Beretta compradas en 1994.
Se debe tener en cuenta que la escalada de violencia tiene una secuela que arranca en el nivel de agresividad delictiva de personas o grupos pequeños hasta terminar en el nivel violencia incontrolable de parte de organizaciones criminales posicionadas en el sistema democrático, a través de la corrupción de autoridades policiales, judiciales y del ministerio público. El Perú ya está en este camino.
Debemos reaccionar ahora que estamos a tiempo. No lleguemos a la situación de México. La cifra de secuestros en ese país alcanza un récord histórico: del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero pasado se registraron tres mil 257 casos. México es el país con mayor número de plagios a escala mundial. El Perú no está lejos de llegar a igualarlo. Por lo pronto en 2014, ya contamos con 15 homicidios por sicarios. Aquí la mayoría de medios protestan “patrióticamente” por la violencia en Venezuela, pero no protestan por la violencia en el Perú.
Los síntomas de la corrupción en el país ya son evidentes, habiendo llegado inclusive hasta los más altos autoridades como expresidentes de la República y altos funcionarios y jefes policiales. No deja de llamar la atención que durante varios años de operativos conjuntos en el VRAEM, hasta el momento no se hayan capturado a los capos del narcotráfico. ¿Quién debería ser asesinado para que el Estado tome cartas en el asunto con más inteligencia?
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