Lo anterior parafraseando a Leopoldo López, prisionero político, líder de la actual rebelión popular por mérito propio. Porque no tenemos alternativa: la libertad con dignidad para Venezuela, descansa en la continuidad del proceso de protestas políticas, públicas, pacíficas y no armadas, vigente, si de veras pretendemos la restauración constitucional derogada de facto con la masacre del 11 de abril de 2002.
Porque a diferencia de lo ocurrido con motivo del histórico Paro Cívico Nacional (2002-2003) comprendimos en forma inequívoca el carácter indispensable de las manifestaciones públicas para el logro del objetivo constitucional. A semejanza de aquel evento, se escuchan voces genuflexas de quienes propugnan la vía del diálogo político como alternativa al vigente proceso de protestas a modo de alcanzar una paz sin libertad que es igual a esclavitud. Parecieran desconocer la naturaleza política del régimen en gobierno, o bien pretenden simularlo.
Para aclarar tan importantes conceptos, nada mejor que revisar en detalle la explicación que en tal sentido nos brindó recientemente Leopoldo López a través de su mensaje a la nación, leído públicamente por ese otro insigne patriota, hoy en la clandestinidad, Carlos Vecchio.
En primer término, vivimos bajo una dictadura, es decir un régimen político tiránico, donde el abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad, es la regla del tirano gobernante, tal como lo ejemplifica la "reacción represiva criminal contra las protestas, un zarpazo a las libertades que no deja duda alguna".
En segundo lugar. "Debemos mantenernos firmes con la protesta pacífica. No hay ninguna razón para claudicar en nuestra lucha. No debemos rendirnos; debemos avanzar por los caídos, por los torturados, por los presos y por todo el pueblo de Venezuela...". Ello por cuanto este proceso de protestas pacíficas, cerradas como están los restantes mecanismos de cambio político, constituye la mejor aplicación del texto constitucional, adaptado a la vigente circunstancia.
Por ende, cualquier proceso de diálogo solicitado por un régimen político ilegítimo desde el 11 de abril de 2002, no puede jamás plantearse como alternativa a la protesta pública vigente, por cuanto la restauración constitucional es un principio no negociable de allí que, viene a ser moralmente imperativo, que una tratativa de esa índole no altere un ápice en la dinámica de este proceso de rebelión popular.
A todo evento, como nos lo señala claramente Leopoldo López, un llamado a diálogo por parte de la tiranía gobernante solo puede ser respondido en el marco de una agenda de hechos concretos, que enmarcada en la Constitución y la justicia, consagre entre otras condiciones de previo cumplimiento a saber: la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados, justicia para los fallecidos por la represión y el abuso, la recomposición de los poderes públicos cuyos mandatos están vencidos, conforme a la Constitución, la renuncia del actual encargado de la represión política del régimen el general Miguel Rodríguez Torres, y de la fiscal general del régimen Luisa Ortega Díaz.
Queda en manos del régimen socialista en gobierno, el participar de un proceso de transición política para Venezuela en el marco de la paz con justicia y perdón, o en su defecto dar pie a la continuación de esta rebelión popular basada en la protesta pacífica y constitucional, pero irreverente y contundente, hasta el restablecimiento cabal del Estado democrático y social de derecho y de justicia, hoy derogado de facto. ORA y LABORA.
Nota publicada en eluniversal.com