¿Informales o ilegales?

Ayer, más de 6000 mineros informales de todo el país marcharon rumbo al Congreso de la República con la finalidad de presentar un pliego de reclamos. Se trata de la primera movilización de este grupo en este año 2014, pero que se inició hace una semana cuando dirigentes de este sector dieron inicio a la “Marcha de los Cuatro Suyos” en diversas regiones del país rumbo a Lima. Dentro de este grupo de protestantes hay dos grupos diferenciados: un grupo de mineros que se encuentra contra la formalización y que obedece a los intereses, y trabaja para, las grandes mafias que son las que poseen maquinaria pesada y son las principales responsables de la deforestación en el Perú. Pero hay también un grupo mayoritario de mineros que viene con la intención de formalizarse para lo cual ponen sobre la mesa algunas demandas.
 
En diciembre del año pasado, en el XIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú, elaborado por diversas organizaciones no gubernamentales como Grufides, Cooperacción y Fedepaz, se señaló que la formalización de los mineros informales sería un foco de conflicto a inicios de este año. Dicha advertencia la realizó el investigador de Cooperacción, José de Echave, quien indicó que el Gobierno no lograba establecer políticas públicas integrales que dieran respuesta a la problemática social, ambiental y económica de la minería informal.  El intento por ordenar esta actividad es sin duda positivo, pero al hacerlo sin implementar mecanismos de diálogo o sin contar con un diagnóstico sobre la intensidad de esta actividad, no se pueden elaborar políticas públicas serias y activas que constituyan un camino idóneo tanto para el Estado, los ciudadanos y los mineros.
 
Según cifras presentadas por Cooperacción, las concesiones mineras en Perú alcanzan las 26 millones de hectáreas, lo cual constituye el 21% del territorio nacional. La minería informal se encuentra presente en 16% de estas concesiones. Esta cifra evidencia el gran espacio de incidencia de esta actividad. Hay, además, regiones donde la cifra de mineros informales es significativa. Tal es el caso de Piura donde hay 10 mil mineros informales en actividad y sólo el 4% ha tramitado sus expedientes de formalización.
 
Como señalamos anteriormente, debemos realizar una diferenciación responsable pues un buen grupo de mineros informales que han protestado el día de ayer, no son personajes que se opongan a la formalización de su actividad y no son, tampoco, mineros “ilegales” como algunos medios de comunicación ligeramente generalizan. Este grupo mayoritario de mineros informales se encuentra protestando para exigir que, entre otras cosas, se postergue el plazo para acogerse al proceso de formalización ya que la mayoría quedará fuera del proceso si la fecha límite (19 de abril) se mantiene. Las razones con las cuales sustentan el pedido tienen que ver con la cantidad de requisitos exigidos para el proceso que, en muchos casos, necesitan de mayor tiempo para reunirse. Lamentablemente, según lo que establece el Decreto Legislativo No 1105, pasado el plazo para formalizarse, quienes no estén registrados serán considerados “ilegales” y por tanto serán sometidos a acciones de interdicción.
 
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, en recientes declaraciones señaló que los protestantes están buscando echar abajo el proceso de formalización, haciendo alusión, seguramente, el grupo de mineros informales ligados a las mafias que mencionamos anteriormente. Sin embargo, como hemos mencionado, para un grupo mayoritario esa no es la intención. Lo ideal sería dialogar con ellos y escuchar el pliego de reclamos que presentan, en el cual incluyen, entre otros puntos, ampliación del plazo para la presentación de declaración de compromiso para los mineros que acaban de iniciar actividades, impulso del Censo Nacional Minero y, como primer punto, señalan su predisposición a la formalización.
 
Pero hay más, el ministro Pulgar Vidal indicó también que nunca se supuso formalizar a los 100 mil mineros informales que actualmente trabajan en el país. La pregunta, sin embargo, es ¿cómo seleccionar quiénes se formalizan y quiénes no? Una cosa es discriminar a quienes operen fuera de la ley, pero, repetimos, se trata de mineros que tienen toda la intención de adecuarse a las normas establecidas por el Estado. ¿Por qué el diálogo se hace tan imposible?