Lunes 29 de abril 2024 | Contáctenos
Criminales terroristas sentenciados a pena privativa de libertad, internados en el CEREC que es un centro de reclusión de alta seguridad dentro de la Base Naval del Callao, obtuvieron sentencia favorable en acción de habeas corpus, que ha ordenado su traslado a otro penal.
Inentendible tal despropósito, pues si se construyó un centro penitenciario dentro de la principal base naval del país, era para que los convictos de gran peligrosidad no pudieran desde cualquier otro penal seguir con sus fechorías, poniendo en peligro a toda la sociedad.
Cierto es que el CEREC era de naturaleza provisoria, pues los terroristas, por los graves delitos perpetrados, requerían de internamiento en centro penitenciario especial, que lamentablemente todavía no tenemos. Si bien ello es necesario, hay que comprender que pese al desarrollo logrado en los últimos lustros, aún tenemos muchas carencias, y que es difícil atender presupuestalmente todas. Se ha tenido que priorizar por ejemplo situaciones deficitarias en salud y educación, así como en programas sociales.
Un Tribunal de la Corte Superior de Justicia de Lima, sustentado en formalismos que serían subsanables en el mismo CEREC, dispuso el traslado de Peter Cárdenas, Víctor Polay, Oscar Ramírez y Miguel Rincón, a establecimiento penal, que por más ampulosa que sea en teoría su calificación de seguridad, lo cierto es que carece de ella, y vemos cotidianamente como se las agencian los internos para desde su confinamiento impartir instrucciones para secuestros, extorsiones, asesinatos y muchos otros crímenes.
¿Qué les pasó a los jueces penales que no vieron lo que los demás ciudadanos advertimos? No lo sabemos, pues si el ciudadano común y corriente conoce los defectos de nuestro sistema penitenciario, los jueces penales lo saben más que cualquier otro. Sin dejar de reconocer el profesionalismo de la actual conducción del INPE, es imposible en corto tiempo hacer la transformación que requiere el sistema, y menos de la noche a la mañana convertir penales que son en la práctica escuelas delictivas, en establecimientos seguros en que los demás ciudadanos confiemos que los terroristas que pudieran ser trasladados no seguirán con acciones delincuenciales. No olvidemos, esos criminales son de Sendero Luminoso y del MRTA.
El Estado no puede ser permisivo y bobo, tiene que defender a la sociedad y a quienes formamos parte de ella, antes de privilegiar a un grupo de criminales. Indigna ver el trato privilegiado que otorga un tribunal a terroristas convictos y confesos, y simultáneamente observar que nuestros héroes de la exitosa operación Chavín de Huantar siguen en riesgo procesal porque organizaciones, supuestamente defensoras de los Derechos Humanos, accionan contra ellos ante la justicia supranacional.
Nuestros magistrados olvidaron que tienen que preferir las disposiciones constitucionales a otras de menor jerarquía legal, y que la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a la paz y tranquilidad, que el interés nacional está por encima del particular, y que todos tenemos derecho a la seguridad, siendo obligación del Estado proteger a la población de las amenazas contra ella.
Ahora esperamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ponga el orden deseado.
(*) Artículo publicado en el diario La Razón en la edición correspondiente al 30 de marzo de 2014
Cargando...