Jueves 18 de abril 2024 | Contáctenos
Integrantes de consorcio franco-argentino-americano parecen tener distintos nortes.
Entusiasmada la administración “humalista” con los otorgamientos de buena pro de la nueva sede del Banco de la Nación, el Centro de Convenciones de Lima y el Metro; se alista para romper otra botella de champagne a fines del próximo mes de junio por la largada del gasoducto sur peruano (GSP). Dada la cuantía en juego, nada menos que 4,000 millones de dólares, es natural que haya disputa intensa entre los competidores, sobre todo en la etapa de formulación y consentimiento de las bases. Lo atípico es que los integrantes de un mismo consorcio puedan tener intereses encontrados, que parece ser el caso del grupo conformado por GDF Suez, de Francia; Techint de Argentina y Sempra de los Estados Unidos.
Mientras a uno por lo menos, le puede interesar la celeridad a los otros no les gusta la idea de plazos adelantados en absoluto. Hay señales de mercado para mi afirmación, tal vez ni siquiera percibida entre los mismos asociados. Lo importante es tener claro sobre lo que le conviene al estado peruano y no a los intereses particulares de una corporación privada.
Para entender lo que aún pasa desapercibido, el primer elemento de juicio a poner en mesa es el nodo energético del sur, donde Enersur se ha adjudicado la inversión, construcción y operación; de una central dual: gas natural ciclo simple (GN)-diesel, de 500 MW de capacidad, a ser instalada en la ciudad de Ilo en la región Moquegua, comprometida para ingresar a operar en mayo del 2017. La referida es una empresa domiciliada en Perú, que ya contaba antes de la adjudicación con 1,819 MW de capacidad instalada y es uno de los principales agentes del mercado de generación eléctrica de nuestro país.
Enersur es controlada por la belga, International Power SA, que tiene una participación del 61.77% de su accionariado. Hasta allí no se tiene ninguna novedad respecto a lo que ya conocemos, sin embargo para los que trabajamos en el sector, nos enteramos que se comienza a comentar como un secreto a voces, que las unidades adquiridas para ser instaladas en el nodo energético son cuatro de la marca General Electric, de 180 MW cada una, es decir que deberían contar con una potencia instalada de 720 MW, que excede en 220 MW a los 500 MW sobre los cuales percibirá un ingreso garantizado. De ser así la pregunta es ¿por qué sobreinvertir en 220 MW, que significan 132 millones de dólares adicionales a los previstos?
No hay que ser muy conocedor para concluir que esto se llama vender energía eléctrica a Chile, donde el grupo GDF Suez tiene operaciones con una capacidad de 1, 682 MW en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), siendo sus principales clientes las mineras, por lo que una interconexión de su operación en el sur peruano, vía líneas de transmisión le cae de perillas, aquí no hay pecado alguno que recriminar; práctica fenicia pura y dura, como la que gusta al Ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla. Sin embargo hay varias consultas previas por absolver: ¿hay compromiso del estado peruano de suministrarles GN? De ser afirmativo, fluye la interrogante ¿de dónde si es un bien aún escaso para el mercado local? Y lo más importante ¿para cuándo tienen previsto operar con una exportación de electricidad en base a GN para que se animen a pedir unidades de generación tan anticipadamente? Si seguimos el orden lógico, deberán operar lo más pronto posible para rentabilizar su inversión; es decir cuánto más rápido ingrese en servicio el GSP, mejor les irá.
Con lo dicho ya estamos entrando en materia. Se conoce que la empresa argentina Techint, cuyo grupo económico fabrica tuberías (caños como dicen nuestros amigos rioplatenses) a través de su empresa Tenaris, y que además construyen y operan gasoductos y poliductos, nunca han visto con buenos ojos que se acorte el plazo constructivo, pues consideran que se ponen en desventaja respecto a sus competidores. Y ahora si podemos concluir: los intereses de GDF Suez, no son los mismos que los de Techint, los primeros tienen como “corebusiness” el suministro de electricidad, al menos en la región sudamericana, mientras que los segundos tienen al suministro y construcción de caños como tema central de su existencia empresarial. La pregunta del millón es ¿qué decisión primará: privilegiar o no el plazo constructivo?
Si miramos desde el punto de vista del interés estatal, ya he demostrado que el descalce del plazo entre el nodo energético y el GSP, tendrá un costo de 330 millones al ciudadano peruano quien siempre paga la cuenta de los sueños faraónicos de sus gobernantes de turno, así que el acortamiento de plazos por incentivos en la competencia es lo más recomendable si es que nos ponemos la blanquiroja, lo que no siempre ocurre con los conductores de los procesos, que prefieren el color albo del equipo del resto del mundo.
Esperamos que esta vez el flamante Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, tome decisiones y no emule a su antecesor, Jorge Merino, que decía que los virajes en los conceptos de negocio del proceso de competencia dependía de Proinversión. Hay que recordarle al titular de la cartera de la Avenida Las Artes, del mesocrático distrito de San Borja, que a él corresponde dar las políticas y a la agencia promotora de inversiones la gestión administrativa, es decir el administrado no puede pasar a ser administrador.
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