Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) contribuye a la economía del país inaplicando, es decir levantando, las barreras burocráticas que afectan el desarrollo de las empresas o impiden que ingresen nuevos negocios al mercado peruano.
Así lo revela el estudio “Midiendo el costo económico potencial de las barreras burocráticas en el Perú”, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos, en coordinación con la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, mediante el cual se llegó a determinar que de un total de 209 barreras inaplicadas, debidamente confirmadas, se logró ahorrar a los agentes económicos y a la ciudadanía en general más de 131 millones de nuevos soles, durante el 2013.
El INDECOPI informó que contribuye a la competitividad del país eliminando barreras burocráticas.
Las 209 barreras costeadas, fueron tomadas de un total de 613 barreras burocráticas ilegales o irracionales que fueron identificadas por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, durante el año pasado, en todo el país. Estas barreras generaban sobrecostos a las empresas, poniendo en riesgo su permanencia en el mercado o afectando el ingreso de nuevos competidores, y en consecuencia perjudicando a los ciudadanos.
El INDECOPI, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, cumple una función importante pues procura beneficios para la colectividad. El estudio completo puede verse en:
El poder disuasivo de la Ley 30056
Además, desde julio del 2013 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas obtuvo nuevas facultades mediante la Ley N° 30056, con el fin de contribuir a la competitividad del país. Entre las más importantes se encuentra la facultad de sancionar a los funcionarios o entidades que aplican barreras burocráticas ilegales o irracionales.
Desde entonces, la Comisión ha iniciado 50 procedimientos, 16 de los cuales fueron denuncias de parte, mientras que los 34 casos restantes se iniciaron de oficio, es decir por iniciativa de la Comisión. Veinte casos ya han finalizado.
Las principales barreras identificadas hasta el momento, en el marco de la nueva legislación son: exigir requisitos que no se encuentran debidamente autorizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), cobrar la licencia de edificación en base al valor de obra, imponer plazos mayores a los que permite la ley para emitir autorizaciones, entre otros.
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