Venezuela: Ley contra la tortura

La nueva ley establece penas de 15 a 25 años de prisión para quienes apliquen torturas.

La práctica de la tortura y los malos tratos por parte de los cuerpos policiales y militares se ha instalado desde hace muchos años en Venezuela como un patrón de acción recurrente, ejercido generalmente contra los hombres jóvenes pobres, que criminalizados por su condición de pobreza, son objeto de control, agresión e intimidación por parte de los uniformados. Policías nacionales, estadales y municipales así como miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han sido denunciadas como responsables de haber cometido actos de tortura. 

El derecho a la integridad personal está consagrado en el Art. 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela. Es una obligación ineludible del Estado asegurar mediante mecanismos eficaces, que ninguna persona sometida o no a privación de libertad, sea víctima de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Uno de los factores determinantes que han favorecido la práctica de la tortura en nuestro país es la falta de sanción para los funcionarios y las funcionarias que cometen esta terrible violación de derechos humanos. La impunidad que opera en el sistema de administración de justicia en Venezuela incide negativamente y obstaculiza la erradicación de la tortura y los malos tratos. De igual forma, profundiza la victimización y genera nuevos traumas en las personas víctimas de tortura haciendo mucho más difícil su recuperación física y psicológica. 

Hasta hace muy poco Venezuela no contaba con un marco normativo especial que estableciera una tipificación clara de los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes así como de las penas y sanciones que deben ser aplicadas a los responsables de ellos. El 22 de julio de 2013, fue publicada en Gaceta Oficial No. 40.212 de la República Bolivariana de Venezuela la "Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes". La Asamblea Nacional tenía una mora de más de 13 años irrespetando el mandato constitucional, ya que la ley debía ser aprobada en el año 2.000; pero ahora, esta ley se convierte en una herramienta muy valiosa para erradicar esta nefasta práctica.

Esta nueva ley establece penas de 15 a 25 años de prisión para quienes aplique torturas, tanto físicas como mentales. También prevé sanciones para los tratos crueles, inhumanos y degradantes y reconoce los derechos de las personas víctimas a la justicia, la rehabilitación, la indemnización y la reparación por los daños causados, así como la obligación del Estado de educar, investigar y prevenir para que estos hechos no se repitan.

Las víctimas de tortura esperan que efectivamente esta norma sea implementada y que los funcionarios que tengan responsabilidad en actos de tortura sean severamente sancionados. Toda la sociedad debe jugar un rol fundamental en el ejercicio de la contraloría social para monitorear que la ley contra la tortura sea aplicada y el Estado cumpla con sus obligaciones de prevenir y sancionar este abominable hecho.

Nota publicada en eluniversal.com