Bolivia: Crisis militar y colonialidad

En la Asamblea Constituyente no se tocó el régimen de las Fuerzas Armadas y de la Policía, se mantuvo tal cual la anterior Constitución, por orden del Presidente. La demanda de los suboficiales es legítima interpretando la integralidad de la Constitución. No puede avanzarse en la construcción del Estado Plurinacional comunitario y autonómico sino se efectúan transformaciones estructurales e institucionales, fundamentalmente en aquellas instituciones que son los lugares de emergencia, es decir, de defensa, del viejo Estado, que no desaparece, más bien, se lo restaura.

Las Fuerzas Armadas y la Policía siguen siendo las mismas instituciones, fiel derivación de las centralidades y burocracias del Estado-Nación. Ni siquiera se dieron transformaciones que tienen que ver con la defensa del “proceso de cambio”; el mismo cuoteo político, la misma obediencia y subordinación disciplinaria de los ejércitos del siglo XIX y XX. En el continente, particularmente en Bolivia, las mismas discriminaciones institucionalizadas. Lo grave es que nadie se sorprenda de estas conductas continuistas y perseverantes en los códigos coloniales de estas instituciones; desde el presidente hasta los oficiales de alto rango, pasando por el vicepresidente. Todos toman como algo natural la estructura colonial, discriminadora, burocrática, e ineficaz militarmente. Todos ocultan estas graves falencias con seminarios, talleres y foros sobre la descolonización. ¿Cómo se puede entender estas contradicciones evidentes?

Los oficiales de alto rango, los gobernantes, los funcionarios y políticos oficialistas, creen que es suficiente con estas ceremonias, estas reuniones, estos seminarios, sobre descolonización. Es como un culto; repetir de memoria frases y consignas que se pretenden descolonizadoras; incluso las mesas que pueden haber puesto en consideración requeridas transformaciones, por más mínimas que sean, son escamoteadas a la hora de las conclusiones o de las memorias. El discurso descolonizador en el gobierno es un canto a la bandera; en la práctica, perduran habitus discriminadores, raciales, patriarcales, acompañados por violencias conocidas, desatadas por los mandos sobre los soldados, suboficiales y hasta oficiales. Ahora también sobre la mujeres, las que no dejan de sufrir vejámenes de parte de sus camaradas.

Los medios de comunicación al comentar las marchas de los oficiales ponen adjetivos como insólito, increíble, desacostumbrado, para intentar describir y comprender lo que pasa. Para estos medios también es normal que en las instituciones de defensa y del orden se mantenga la disciplina heredada, acompañada por jerarquías y estratificaciones. Si bien no apoyan la demanda de los suboficiales, los medios hablan de violencias orgánicas. De todas maneras, sorprende que no se ponga en mesa la gran diferencia, la gran distancia, de estas arquitecturas armadas y de estos dispositivos de defensa y del orden, con las transformaciones estructurales e institucionales que establece la Constitución. Cuando los suboficiales dicen que no puede haber oficiales de primera y oficiales de segunda, ponen en el tapete no sólo el problema de las jerarquías heredadas, no sólo, algo que es importante, la estructura racial y las relaciones raciales inherentes a estas instituciones, sino también la misma organización de un ejército, una armada, una policía, que mantienen formas burocráticas, que en el mundo contemporáneo no son, de ninguna manera efectivas, ni en la movilización y desempeño militar, ni en el cuidado de las ciudades.

Este gobierno se ha pasado de lado sobre cuestiones estratégicas, de defensa, incluso de orden, orden dinámico, por cierto. Se trata de un gobierno apegado a la demagogia, creyendo que con esta locución se solucionan los problemas. La verdad es que estamos ante un gobierno que no cuenta con una estrategia de defensa del “proceso de cambio”, por lo tanto del país donde debería darse este “proceso”. Estamos ante instituciones armadas y del orden donde los oficiales se contentan con recibir su sueldo cada mes y contar con los beneficios que le otorga la institución. Son otros funcionarios más. La preparación militar queda en generalidades geográficas, en una distribución espacial de cuarteles, que deja vacíos, en las fronteras; más preocupados por controlar las ciudades, los centros del conflicto, incluso a los contrincantes policías. El servicio militar, fuera de seis meses de cierta preparación en armas, terminan el resto del tiempo en “chocolateadas”.

La formación de oficiales deja mucho que desear, en cuanto a la actualización de contenidos, tecnologías, información. Están muy lejos de haber estudiado seriamente las guerras, la experiencia en las guerras de los ejércitos, incluso las guerras que están cercanas, las que nos ha tocado sufrir. Si esta es la formación de los oficiales, qué se puede esperar de la formación de suboficiales. En el Colegio Militar se han introducido materias universitarias, como si esto mejorara la formación. La formación de un militar, mucho más si se trata de un militar de un Estado en transición, embarcado supuestamente en un “proceso de cambio”, no puede ser un colaje de materias. Es indispensable tener en cuenta los perfiles apropiados de un ejército que debería contar con la capacidad de la movilización general de un pueblo armado, para la defensa de un “proceso”. Estos temas pasan desapercibidos. No se van a resolver con cambios de símbolos, con nuevos saludos, con nuevos estribillos, con discursos superficiales sobre la descolonización. El servicio militar de la cual se sienten tan orgullosos los militantes de base del MAS no es más que un dispositivo colonial, un dispositivo de articulación estatal, de estatalización, es decir, de institución imaginaria de la nación, aunque el mismo servicio pueda servir para el juego de prestigio en las comunidades.

La descolonización es el desmontaje de los aparatos del Estado-nación, de su arquitectura institucional, de sus códigos coloniales, así como de sus códigos pretendidamente modernos. La descolonización implica la des-constitución de sujetos subalternos y la constitución de sujetos emancipados. La descolonización es liberar potencialidades, capacidades, creatividades, memorias sociales. Estas tareas no son atendibles demagógicamente, requieren subversiones de las praxis, desmontaje de habitus, de jerarquías instituidas; requieren destrabarse de las mallas institucionales que capturan y atrapan cuerpos. Los recorridos de la descolonización comienzan por tomar en serio la condición intercultural, retoman prácticas participativas, profundizan el ejercicio de la democracia en su sentido pluralista. En lo que compete a las transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales, que atañen a las necesarias mutaciones de las instituciones de defensa y del orden en cuestión, es indispensable su territorialización, las gestiones territoriales de defensa y de cuidado de la población.

La asonada de los suboficiales es una buena oportunidad para leer los signos de la crisis, no solamente del “proceso de cambio”, sino también del Estado. Es un buen momento para aprender, analizar sin tapujos, evaluar críticamente el “proceso” que naufraga. Así como es una gran oportunidad para efectuar cambios. Sin embargo, es de más probable que el gobierno actué como siempre, como lo ha hecho en distintas crisis, la de los cooperativistas y mineros, la relativa a las de la demanda de autonomías regionales, como las dadas en Potosí, como las del “gasolinazo” y el conflicto del TIPNIS. Es de esperar que el gobierno recurra a la justificación de lo que hay, volviendo a cubrirse con su ilusoria propaganda, cerrando los ojos y los oídos a lo que ocurre, optando por la represión. El gobierno habría perdido la oportunidad de reconducir, de retomar cursos abandonados, desde la primera gestión, encaminándose a un hundimiento, lento o más rápido, dependiendo de las circunstancias.

Estado-nación versus Estado plurinacional

¿Qué es lo que está en juego en la asonada de los suboficiales y en la respuesta represiva del gobierno? Como en otros casos, como en el conflicto del TPIPNIS, lo que se enfrentan es el Estado-nación y el Estado plurinacional; aunque el primero es la institucionalidad de la colonialidad que se niega a desaparecer, aferrándose con todo, para persistir y continuar; en tanto que el segundo, es apenas un germen, un proyecto, que anida en la Constitución y en los colectivos sociales que luchan por que se den las transformaciones estructurales e institucionales establecidas en la carta magna. En el TIPNIS el Estado-nación declaró la guerra al Estado plurinacional, al germen del Estado plurinacional, declarando también la guerra al proyecto constitucional. ¿A qué se opone el Estado-nación? A la descolonización.

El Estado-nación, dispositivo político de la colonialidad, se opone a la descolonización, pues esta deconstrucción implica la desaparición del Estado-nación. Las bases del Estado-nación radican precisamente en la homogeneización, en el equivalente general del ciudadano, individuo abstracto, que cuenta con derechos individuales, civiles y políticos; sin embargo, esta equivalencia general hace desaparecer a las naciones y pueblos indígenas, a las culturas resistentes, a la heterogeneidad lingüística y social. El equivalente general, el ciudadano, se estructura en la economía política colonial, economía política que diferencia hombre negro de hombre blanco, hombre indio de hombre blanco, hombre de color de hombre blanco, diferencia efectuada sobre la matriz de género, la diferenciación hombre de mujer. La dominación colonial es también, al mismo tiempo, dominación patriarcal. El equivalente general, el individuo abstracto, el ciudadano universal, es pues el hombre blanco. La modernización consiste en parecerse a este arquetipo colonial.

Los derechos conquistados en la historia del Estado-nación, derechos sociales, derechos de trabajo, derechos democráticos, no terminan de efectuarse, pues se pronuncian en el espacio indeterminado del equivalente general, el individuo, el ciudadano; no se dan en los espesores abigarrados, plurales, heterogéneos, de las territorialidades sociales y formaciones sociales concretas. La herencia colonial se transfiere de las administraciones coloniales a los Estado-nación, después de las independencias. Hablamos de estados que se construyen sobre cementerios indígenas. Hablamos de estados que tienen como proyecto democrático la mestización; es decir, la desaparición de los pueblos indígenas, y aunque parezca paradójico, la desaparición de las mezclas dinámicas dadas, pues el mestizaje de los Estado-nación es un mestizaje abstracto, el perfil del individuo y ciudadano concebido como síntesis de las culturas, culturas también sometidas a la estatalización, sintetizadas en la cultura moderna.

La Constitución interpela la composición colonial del Estado-nación, cuestiona el mito de la modernidad, cuestiona el mito del mestizaje abstracto, develando la composición plural efectiva de las formaciones sociales, de la sociedad heterogénea. La Constitución deja en claro que la profundización democrática, la realización efectiva de los derechos democráticos, sólo pueden materializarse mediante la descolonización. Esta deconstrucción histórico-política emancipa la pluralidad frente a la representación homogénea, liberal la potencia social, la riqueza heterogénea de lo diverso. La descolonización restituyen los derechos conculcados de las naciones y pueblos colonizados, dando lugar a integraciones efectivas, opuestas a la institución imaginaria de la nación, haciendo evidente las naciones posibles. El Estado-plurinacional es la transición descolonizadora hacia sociedades autogestionarias y auto- determinantes; a sociedades compuestas e incrementadas, que se integran a través de complementariedades y solidaridades. En Bolivia el Estado plurinacional se constituye sobre las matrices culturales y civilizatorias de las naciones y pueblos componentes de la sociedad heterogénea, incluyendo los mestizajes concretos. Esto equivale a pasar de la institucionalidad homogénea, disciplinaria, disciplinaria, moderna, al pluralismo institucional, abierto a composiciones creativas; pasar al pluralismo jurídico, pluralismo administrativo, pluralismo de gestiones.

Uno de los lugares neurálgicos de la activación de la condición plurinacional del Estado en transición es la institución defensa del Estado-nación, las Fuerzas Armadas. Esta institución de emergencia del Estado es el crisol del diagrama disciplinario, de la inscripción en los cuerpos de la docilización de las conductas y comportamientos. En Bolivia, como en los países andinos y amazónicos, es el aparato disciplinario por excelencia de la colonización interna, modulando los cuerpos su incorporación al Estado en condiciones de ciudadanos de la nación mestiza. El cuartel modula los cuerpos haciéndolos aptos a los requerimientos del mercado, de la producción capitalista, a los fetiches de la modernidad universal, de-culturizando, decodificando, por lo tanto, borrando la memoria larga de los pueblos, sustituyéndola por la memoria corta de la institución imaginaria del Estado-nación.

Sin embargo, a pesar del proyecto disciplinario del cuartel, los espesores corporales no desaparecen, se ocultan, se los destierra a las sombras; mostrando, en contraste, los perfiles modulados, uniformados, pretendidamente modernos. El ejercicio de poder disciplinario se tropieza con la manifestación de los cuerpos; cuando esto ocurre, se opta por la ejecución de discriminaciones, por la estratificación racial institucionalizada, por jerarquizaciones patriarcales. La asonada de los suboficiales pone en evidencia estos procedimientos coloniales en el dispositivo por excelencia disciplinario, el cuartel. Acudiendo el pliego petitorio de los suboficiales, en realidad, el pedido explicito es modesto; que no haya oficiales de primera y de segunda, que se los considere oficiales técnicos, que puedan acceder a equivalentes beneficios y servicios. Sin embargo, incluso ante esta demanda modesta el gobierno y la jerarquía institucional de las Fuerzas Armadas han reaccionado represivamente, dando de baja a más de setecientos suboficiales.

De todas maneras, a pesar de la demanda modesta explícita, la misma pone en evidencia la crisis profunda de las Fuerzas Armadas y del Estado-nación, que se niega a desaparecer. Las fuerzas armadas son un dispositivo de la colonialidad reiterativa. Es un aparato de la colonización interna, que no solamente modula los cuerpos, sino también, marca, hendiendo en ellos la historia política colonial, inscribiendo en ellos discriminaciones, violencias minuciosas, detalladas, raciales. ¿Cómo se puede construir un Estado plurinacional a partir de la permanencia de la malla institucionalidad de la colonialidad?

Nuevamente estamos ante la manifestación elocuente de las contradicciones profundas del llamado “proceso de cambio”, ante los contrastes evidenciados entre el discurso gubernamental y las prácticas efectivas, ante grotescas simulaciones de un gobierno y los órganos de poder del Estado, que se nombran como plurinacionales, en tanto que en la práctica niegan la condición plurinacional de la formación social.

La respuesta oficial del gobierno es recurrir a la Ley de las Fuerzas Armadas cuestionada, puesta en duda, deslegitimada por la Constitución. La medida represiva gubernamental de las centenas de bajas de suboficiales se sostiene sobre la argumentación de la subordinación y la obediencia disciplinaria, cláusulas que corresponden a la institución armada del Estado-nación. Este discurso se invalida inmediatamente ante la estructura normativa y conceptual de la Constitución. En todo caso, los suboficiales hablan desde el proyecto de una nueva institucionalidad, aquella que establece la Constitución. Las bajas dadas por la jerarquía del ejército y por el gobierno no son legítimas desde la composición jurídico-política de la Constitución. La demanda de los suboficiales es legítima.

Dirigencia de llunk’us

La dirigencia de lo que un día fue el Pacto de Unidad, es decir, las tres organizaciones campesinas y las dos organizaciones indígenas originarias, estas últimas divididas por la intervención gubernamental, se ha apresurado, sin consultar a sus bases, sin previas asambleas, simplemente por comedida, a apoyar al gobierno y a la jerarquía castrense en la crisis militar, puesta en evidencia por la asonada de los suboficiales. Los argumentos son de libreto: defensa del “proceso” contra el golpe militar en ciernes. Se nota en esta alocución no solamente una repetida mecánica discursiva, pronunciada con falta de ingenio, pues no se les ocurre otra cosa que acusar de sedición, sino también la asombrosa desconexión con lo que ocurre. Incluso si quisieran defender al gobierno en su diletantismo, en su regresivo comportamiento, se debe tener, de alguna manera, una conexión con lo que acaece. Empero, parece que la dirigencia cooptada, que ya no responde a las bases sino a las instrucciones del ejecutivo, levita en las nubes de la propaganda, cumpliendo un papel patético de subordinación y llunk’iriu.

Esta dirigencia cooptada habla de defender la Constitución. ¿Qué clase de defensa es esa? La constitución establece como sistema de gobierno la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, comunitaria y representativa. La constitución establece la construcción colectiva de la ley, de la decisión política y de la gestión pública. Lo que piden los suboficiales es que mínimamente, aunque sea por aproximación, se den pasos hacia este cumplimiento y mandato constitucional. La reacción del gobierno, de la jerarquía militar y del Estado-nación es represiva, se ha dado de baja a más de setecientos suboficiales. ¿Esta es una defensa de la Constitución? ¿La dirigencia sabe de lo que habla, ha leído la Constitución, la ha entendido?

El Estado plurinacional supone la muerte del Estado-nación, las transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales y participativas; implica el pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestiones. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la transformación plurinacional, intercultural y comunitaria configura un ejército popular, cuya matriz es el pueblo armado. Ciertamente en este ejército popular desaparecen las jerarquías y estratificaciones raciales. No comprender esto es hablar de la Constitución sin ton ni son, en la práctica aniquilar el nacimiento de la mariposa, la construcción del Estado plurinacional. Esta dirigencia es la expresión más patética de la colonialidad cristalizada en los huesos. Su sumisión al poder, su apego y obediencia a la institucionalidad colonial vigente en el Estado-nación restaurado, su inclinación por el beneficio personal, su corrosión moral y prácticas prebendales, comprometida por corrupciones, desvío de fondos, hablan elocuentemente de la reiteración del comportamiento colonial del colonizado; el deseo del amo, de ocupar su lugar. Esta dirigencia es el brazo social de un gobierno entrabado en su crisis, un gobierno que recurre a la represión en su desesperación; que recurre a la demagogia buscando convencer, pero solo lo hace con los convencidos. Esta dirigencia, en plena crisis de representación, pues no responde a la representación orgánica, conformada por una democracia comunitaria, por la selección consensuada y en asambleas, sino al dedo digitado desde el gobierno, es la que se lanza contra la rebelión de los suboficiales. Es la misma dirigencia que se estrelló contra las comunidades indígenas del TIPNIS, es la misma dirigencia que avaló las leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno; seguramente también va avalar la Ley Minera, que ha sido declarada por el propio presidente como una traición a la patria, aunque después el mismo presidente reculó, dejando que sólo se discuta el artículo 151 y otros más, cuando toda la Ley vulnera la Constitución y atenta contra la propiedad de los recursos naturales de los y las bolivianas.

¿Qué valor tiene lo que dice esta dirigencia? Sólo el valor de toda amenaza, blandiendo el chicote contra toda crítica al gobierno y a los que han usurpado el “proceso de cambio”. El contenido de lo que expresan no puede ser más colonial. Su apego a la institucionalidad colonial es manifiesto. Tendrían que mover camiones de gente, pagados por el gobierno, de una manera no orgánica, pues saltarían toda la estructura orgánica de las organizaciones sociales; traerlos a la sede de gobierno y enfrentarlos a los hermanos suboficiales y sus esposas. ¿Qué sentido tiene esta amenaza? Es de todo reaccionaria; se coloca del lado de los que se oponen a la descolonización, a las transformaciones estructurales e institucionales. La dirigencia es parte del contra-proceso y de la vulneración sistemática a la Constitución.

Ante este panorama lamentable de las representaciones sociales, es indispensable exigir congresos orgánicos, abrir el debate y la evaluación del “proceso” en las comunidades, en las subcentrales, en las centrales, en las federaciones y en las confederaciones. Esta dirigencia es un peligro para la “defensa del proceso”; corroe la fuerza social, la cohesión de las organizaciones, evita la formación y el aprendizaje colectivo de la experiencia del periodo y de las coyunturas, desarma de la crítica a las comunidades y a los sindicatos. En el momento de exigencias, de peligro, las fuerzas sociales estarán tan carcomidas que no habrá oportunidad de defender lo que queda del “proceso”.

Los y las llun’kus se esfuerzan por mostrarse tan serviles y obedientes, creen que con esto, con decir que defienden el “proceso”, lo hacen, cuando ocasionan todo lo contrario. Son las termitas que se comen la madera con la que hay que construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Usando el viejo lenguaje de la política, que se define identificando al enemigo, podemos decir, como metáfora, que esta dirigencia, sumada al llunk’iriu de los funcionarios y militantes, de los asambleístas legislativos, es el enemigo dentro de casa. Son los sepultureros internos del “proceso de cambio”.

Nota publicada en Bolpress.com