Miércoles 10 de junio 2026 | Contáctenos
Predican Seguridad Energética Y Practican Inseguridad Garantizada.
Contradictorio e impredecible a más no poder ha resultado este gobierno, el divorcio entre su prédica y práctica es su signo distintivo. Lo puede decir el tercio del electorado que apostó por la gran transformación y vivió su gran conversión al neoliberalismo. También los empresarios mineros que escucharon un “Conga si va” y han sido testigos de un retroceso de marcha acelerada y los gremios empresariales en conjunto, la patronal como dirían en los ochenta, que parecían estar viviendo una pesadilla cuando la pareja gobernante supuestamente asimilada al liberalismo se lanzó a intentar a comprar Refinería La Pampilla, de la española Repsol, con lo que iban a constituir el gran monopolio estatal de la refinación y comercialización de combustibles.
Vale la pena introducción tan larga, pues hace casi dos años el “humalismo” nos vendió la promesa de la seguridad energética y ahora no sabemos porque motivos ha cambiado de parecer y apuesta por la inseguridad garantizada, esto a raíz de las últimas decisiones de la agencia Proinversión, en los cambios contractuales del proyecto Sistema de Transporte Garantizado y Gasoducto Sur Peruano (GSP).
El tema no es complicado de entender y amerita una explicación relativamente sucinta. En diciembre del año 2012, el poder ejecutivo promovió y lograr aprobar en el Congreso de la República, la “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país” (Ley 29970); donde establece entre otros que en los primeros 79 kilómetros (Kp 79) del gasoducto y poliducto (ducto de líquidos) existentes entre Camisea-Pisco-Lima; se debería construir un sistema de transporte de gas natural (GN) y líquidos de gas natural (LGN) redundante, en la eventualidad que fallasen los ductos principales, cosa que ya ha ocurrido, y que el Perú se quede en tinieblas, ya que en Lima se ha concentrado toda la generación termoeléctrica (cerca de 3,000 MW, casi 4 Centrales del Mantaro) en base a GN, que recibe suministro del energético a través de estos ductos.
Adicionalmente se planteó el inicio de una ruta alterna de transporte de GN, que partiendo del Kp 79 llegase a la costa a las ciudades de Ilo y Mollendo, pasando por Cusco y haciendo una derivación hacia el distrito de Santa Ana, en la provincia de La Convención, en la región Cusco, donde se proyectaba la Central Térmica de Quillabamba, de una capacidad de 200 MW. Hasta allí todo tenía su lógica, tener una vía alterna de transporte que nos de seguridad en la continuidad del servicio de electricidad, nadie podía reprocharla, como tampoco el llegar con GN a Quillabamba y Cusco, que es una suerte de reivindicación con la región que es el pulmón energético del Perú. El tramo que llegará a la costa ya es más discutible, pero en esta disertación este tema está al margen.
En la lógica constructiva, la faraónica obra tiene dos partes, el tramo Camisea-Kp 79-Cusco (Urcos) y el Cusco a Ilo-Mollendo. Los tiempos de construcción por supuesto que están desfasados, el primer tramo tranquilamente se puede poner en operación comercial (POC) en dos años y llegar a la costa entre uno y dos años más. Así lo reconocía la primera versión del contrato publicado por Proinversión, que señalaba que el 31 de mayo del 2016 debía tenerse la POC del suministro en Quillabamba. Pero a mediados de este mes de abril, se acaba de publicar la segunda versión del contrato que establece que hay una sola fecha de POC, y que es a los 52 meses de la fecha de cierre del concurso, eso significa que todas las obras, es decir ambos tramos referidos deberán empezar a operar aproximadamente en Julio del 2019.
El significado del hecho descrito es que entre el 31 de mayo del 2016 y el 30 de Junio del 2019, la cacareada seguridad fue enviada al traste, más de tres años en que una eventual falla en los primeros 79 kilómetros de gasoducto y poliducto, el Perú se quedará sin suministro de electricidad y de gas licuado de petróleo (GLP), aparte de no contar con una central operativa de 200 MW adicionales en Quillabamba.
¿Por qué tamaño despropósito? ¿Se quiere favorecer a algún consorcio con los plazos que al estado peruano le interesa y que ellos no pueden cumplir? Tanto el Director Ejecutivo de Proinversión, Javier Illescas como el Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, deben respondernos. Una posición de esta naturaleza que pone en riesgo la salud económica del país es inadmisible.
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