Soportamos un ambiente político tenso, por decir lo menos y no ser tildado de negativo, pero lo cierto es que por donde miremos nos encontramos con problemas de institucionalidad y de autoridades que por lo general no están cumpliendo sus funciones a cabalidad, campeando sobre ellas la desconfianza ciudadana.
El Congreso, con personal que crece mes a mes, sin otra motivación que pagar favores de militancia política, y que en calidad legislativa deja mucho que desear, privilegiando normas declarativas innecesarias pero olvidando normativa que destrabe tanta exigencia burocrática para facilitar la deseada inversión privada. La labor fiscalizadora del Parlamento,
prácticamente fallida por falta de calidad investigatoria, y la función de representación ciudadana circunscrita a viajecitos inútiles con gastos descomunales.
El Ejecutivo sin brújula y con autoridad mermada por el lecho, que no es lo mismo que Derecho, con algunos Ministros con discurso desarrollista, pero en los hechos satisfechos con controles y más trámites y papeleo sin sentido, disimulados con ventanillas únicas y uso de la informática, como si ello fuera a resolver los problemas. Aprobación de costosas obras y adquisiciones sin estudio serio de costo-beneficio, y onerosos programas sociales beneficentes sin contenido de empleo productivo.
El Poder Judicial a paso de tortuga y con huelga administrativa que agravó la situación. El Ministerio Publico con serios cuestionamientos, ciertos o supuestos, pero cuestionamientos al fin de cuentas.
La Defensoría del Pueblo sin voz que persuada, por estar años sin titular, y el Congreso, que debe nombrarlo, carente de voluntad decisoria.
El Consejo Nacional de la Magistratura, también con cuestionamientos y sin poder designar a magistrados judiciales y fiscales de alta calidad, por falta de postulantes de excelencia.
El Tribunal Constitucional con magistrados con años de exceso en su mandato y que no pueden dejar el cargo por no contar oportunamente con sucesores, ello por desidia parlamentaria, y por preferir el Congreso la “repartija” antes que la idoneidad de quienes deben controlar la constitucionalidad de las normas. Peor aún, el TC se arroga atribuciones que no le compete.
Gobiernos Regionales, no todos por cierto, que lejos de promover la inversión privada generadora de trabajo y bienestar para su población, la impiden hasta con actos que rayan en delincuencia.
Las Fuerzas Armadas y Policiales desmotivadas y enfadadas por postergada actualización de remuneraciones y pensiones. Ello agravado por interminables procesos judiciales, cuando existe daño colateral no previsto ni querido.
El Sector Interior sin norte y con acciones que más parecen manotazos de ahogado que decisiones racionales, al que han desnudado de atribuciones al crear organismos autónomos para atender la temática migratoria, armamento y explosivos de uso civil y el manejo de los gobernadores que sustituyeron a prefectos y sub-prefectos.
Los partidos políticos huérfanos de propuestas serias, con enfrentamientos externos e internos atentatorios contra su razón de ser y con normatividad formalista extrema que desconoce su realidad. Además compitiendo con ONGs y prensa, que sin tener que cumplir con la legislación controlista de los partidos, hacen acción política tanto o mas que ellos.
Si estuviéramos en tiempos pretéritos podríamos decir que se dan las condiciones para pronunciamiento anti-democrático. Es hora de rectificaciones y de poner el orden que el país requiere, por supuesto en democracia.
Publicado en La Razón el 11 de mayo de 2014