Aceleren central de Quillabamba para reducir sobrecostos

César Gutiérrez, autor de estas líneas

Demasiadas expresiones de malestar sin propuesta de solución alguna ha generado el anuncio del incremento de las tarifas de electricidad, como consecuencia de otorgarle necesarios ingresos garantizados al consorcio que se haga cargo de la construcción y operación del gasoducto sur peruano (GSP). Financiar de esta manera un proyecto no es un sobrecosto en sí, pues de afianzar la seguridad energética se trata.

El tema de fondo por donde debería haber queja es por el divorcio entre el inicio de operaciones de centrales termoeléctricas duales, es decir que pueden operar a gas natural (GN) o diésel, con la fecha de inicio de puesta en servicio del GSP, que permitirá que las unidades de generación dispongan de GN. Mientras más retraso exista, en más costos adicionales se incurrirá pues tendrá que utilizarse diésel, que es un combustible de mayor valor. Ya he demostrado en otras columnas que la fecha de inicio de operaciones del GSP en septiembre del 2019, disociado del nodo energético del sur (NES) que estará listo para operar en dos etapas de 500 megavatios (MW) c/u; en el 2016 y 2017, significarán 330 millones de dólares que tendremos que pagar los ciudadanos.

Esas no son las únicas cuentas indebidas que tendremos que asumir los peruanos, sino también el retraso de la puesta en operación con GN de la termoeléctrica de 200 MW de capacidad, prevista construirse en Quillabamba. Ahora que la última versión del contrato del GSP, señala que el suministro de GN en la mencionada ciudad cusqueña, no se efectuará hasta la fecha de puesta en servicio del gasoducto, pudiendo estar listo para el último trimestre del 2017; los ingresos garantizados entre el 2017 y 2019, que pudieron ser por 200 millones de pies cúbicos por día de gas (MMPCD), pues le restaríamos la capacidad de la central de Quillabamba, se calcularán sobre 250 MMPCD.

Si cuantificamos los dos efectos; operar desde el 2017 con GN los 200 MW en la región Cusco y disminuir los costos de los ingresos garantizados, las cifras de reducción de tarifas eléctricas para consumidor final a las que se renunciarán no son nada despreciables: 1.99% en el gran consumidor y 1.39% para el residencial. La Magdalena no está para tafetanes señores del gobierno.