Congresistas disidentes sufrirán muerte civil parlamentaria

Los congresistas disidentes, es decir, que renuncien o dejen de pertenecer al grupo parlamentario por el que fueron elegidos, no podrían constituir grupos parlamentarios ni ser considerados en la distribución de las directivas de las comisiones (ordinarias, de investigación, y especiales de estudio y trabajo conjunto, ni de Ética Parlamentaria) ni podrían ocupar cargos directivos en el Congreso ni en las comisiones.

Sin embargo, tendrían expedito el camino para seguir presentando proyectos de ley o de resoluciones legislativas, para cuyo efecto requerirían del respaldo de un mínimo de seis congresistas.

Las propuestas están contenidas en el proyecto de resolución legislativa cuyo debate fue suspendido a la 1 y 41 de la tarde del jueves 22, luego de que la Representación Nacional rechazara, por mayoría de 54 votos en contra y 34 a favor, sin abstenciones, una propuesta para que la iniciativa fuera devuelta a la comisión dictaminadora con vistas a un mayor estudio y elaboración de un texto sustitutorio.

La cuestión previa fue presentada inicialmente por Mauricio Mulder (CP). A ella se sumó luego su colega Verónica Mendoza (AP-FA).

Iniciativa polémica

El dictamen, que sería votado en la sesión vespertina convocada para las 4 de la tarde por el titular del Parlamento, Fredy Otárola Peñaranda, quien dirigía el debate en esos momentos, propone modificar el inciso 4) e incluir el inciso 5) en el artículos 37º, y modificar el numeral 2 del artículo 76º del Reglamento del Congreso de la República.

Inicialmente, la propuesta fue dictaminada por amplia mayoría en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Omar Chehade Moya (NGP), quien se encargó de sustentarla.

En su exposición, Chehade afirmó que con esta propuesta se ponía fin a varios años de debate durante los cuales en comisiones anteriores se discutió la forma de sancionar el transfuguismo y la disidencia en la vida parlamentaria.

Explicó que con el tema propuesto se buscaba desalentar el transfuguismo –aunque la palabra no figure en el texto del dictamen- y sancionar los casos que se presenten, como una forma de hacer respetar la voluntad de los electores al elegir a sus representantes de las diversas organizaciones políticas.

Esas deserciones, cuyas razones pueden ser legítimas, ilegítimas, justas o injustas, han conducido, dijo, a un “dislocamiento” de la voluntad popular, a la fragmentación del Congreso y al debilitamiento de los partidos políticos.

Además, no contribuye a la consolidación del sistema democrático y origina el descontento de los electores que se sienten decepcionados por la deserción de sus parlamentarios, añadió.

Amplio debate

El proyecto motivó un prolongado debate en el que participaron representantes de todas las bancadas, aunque inicialmente el legislador Javier Velásquez (CP) planteó un ‘cuarto intermedio’ para que los voceros de los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo sobre la forma de conducir el debate.

Su compañero de bancada, Mauricio Mulder (CP), recordó que el transfuguismo empezó a ser debatido a raíz de los numerosos casos detectados en los años 2000 y 2001, sin que se haya alcanzado un consenso hasta la fecha. La propuesta de sanción, precisó, pretende castigar la libertad de asociación, de pensamiento, de integrar una asociación, pese a que en otra parte del dictamen se destaca esos mismos derechos constitucionales.

Rosa Mavila (AP-FA) comentó que no podría considerarse disidente ni ser sancionado, como se propone en la iniciativa legislativa, al congresista que cambia de grupo parlamentario o deja de pertenecer a su grupo original, cuando este incumple su programa de gobierno (en caso de un partido oficialista), no asume su compromiso social y político prometido o demuestra incoherencia o incorrección en su accionar político. “El congresista tiene derecho a discrepar y a actuar según su propio criterio de conciencia.

La legisladora propuso debatir el tema en el contexto global de una reforma del sistema política, y establecer claramente los casos de disidencia por criterios políticos y los casos de transfuguismo, originado por intereses subalternos.

En su oportunidad, Marco Falconí (UR) cuestionó la legalidad de la norma en los casos en que sean los partidos los que cambien de posición inicial. En ese caso, el congresista que discrepa y se aleja de su agrupación no tendría por qué ser sancionado. Propuso que el debate sea debatido con mayor amplitud, a fin de encontrar una solución “de justo medio”.

Por su parte, Martha Chávez (FP) opinó que el dictamen buscaba evitar que “vengan al Congreso personas independientes”, y que quien forma parte de un grupo parlamentario debe asumir su responsabilidad por las decisiones que tome este, y no lamentarse o alejarse por ello.

Santiago Gastañadui (NGP) reconoció que las disidencias en el actual Congreso han dado origen a que, de cinco grupos parlamentarios iniciales, hoy existan ocho grupos, lo cual genera inestabilidad y dificulta la gobernabilidad. Por ello, propuso que, en lugar de sancionar al congresista renunciante, se establezca las condiciones o requisitos para formar parte de un grupo parlamentario.

Propuso un texto alternativo con la propuesta de establecer una serie de requisitos para la conformación de los grupos parlamentarios, y proponer que puedan formar parte de estos los que hayan “renunciado voluntariamente”.

Cuestionada intervención

Al inicio del debate, la congresista Lourdes Alcorta (UR) cuestionó el dictamen y puso “en duda la autoridad moral de Omar Chehade” por haber sido sancionado en anterior oportunidad y suspendido en sus funciones, lo que le “desautoriza para ser presidente de la Comisión de Constitución”.

Sus opiniones fueron rechazadas con murmullos por parlamentarios de distintas bancadas, y motivaron la intervención de Yehude Simon (GPE). Este, a su vez, cuestionó la elección de Alcorta como congresista.

También Omar Chehade y el presidente de la Mesa Directiva, Fredy Otárola, le exigieron retirar los términos vertidos por la legisladora contra el titular de la comisión dictaminadora y contra el grupo parlamentario NGP, al que ambos pertenecen.

También participaron, con diferentes argumentos, los legisladores José Urquizo y Esther Saavedra y Víctor Isla (NGP), Alberto Beingolea y Javier Bedoya (PPC-APP), Martín Belaunde y Virgilio Acuña (SN), Manuel Dammert, Mesías Guevara y Jorge Rimarachín (AP-FA), y Mariano Portugal (UR), entre otros.