Los costos económicos y políticos de las dilaciones del Gasoducto Sur Peruano

César Gutiérrez, autor de estas líneas

Sorpresivamente hace una semana Proinversión decidió ampliar el plazo hasta el 29 de los corrientes para que interesados en precalificarse para el concurso de adjudicación de la construcción, financiamiento y operación del gasoducto sur peruano (GSP), presenten su documentación. El discurso de la agencia gubernamental con el que justificó su decisión tiene dos mensajes: que buscan que participen la mayor cantidad de consorcios posibles y que la fecha de anuncio del ganador será el 30 de junio indefectiblemente. De lo primero no le encuentro ningún sentido, salvo el temor de no tener postores y de lo segundo el gobierno y la ciudadanía deberían ser los llamados a preocuparse pues afectarán sus intereses si la promesa no se cumple.

El proyecto viene siendo discutido desde los primeros meses del año 2007 y en el camino nunca hubieron más de tres interesados: el consorcio Petroperú-Suez; Kuntur y Energy Transfer. De ellos los últimos se retiraron, Suez buscó nuevos socios, ahora está con la ítalo-argentina Techint y la americana Sempra; mientras que Kuntur ahora tiene de consorciado a la española Enagas. Es decir el resto que se aparece en la hora undécima están en calidad de “entusiastas-curiosos”, salvo sorpresas imprevistas.

Las exigencias para pre-calificar en términos de experiencia y espaldas financieras está lejos de cualquier grupo local, pero tampoco no se ha puesto la valla como para que se practique el salto a la garrocha, sino a lo más el salto alto. Se pide que se haya operado gasoductos de longitudes no menores de 200 KM, y con diámetros de 30 pulgadas, entre lo principal, y demostrar que se tiene un patrimonio de 2,000 y activos por 6,000 millones de dólares. Entonces el cumplir la formalidad de presentar la documentación que sustente que se tiene lo exigido, para los que siguen el proyecto y han hecho ingeniería aunque sea básica, con lo que se puede hacer una oferta, no debería ser mayor problema, por lo que me parece increíble que a estas alturas alguien pida más tiempo para presentar la información. O se trata de una empresa absolutamente desorganizada o mostró su interés tarde, con lo cual es completamente improbable que pueda presentar oferta, pues ha debido estar trabajándose por lo menos hace dos años. Así que el argumento usado para explicar la dilación resulta pueril.

Otra cosa es que en Proinversión tengan dudas que haya postores. De los que ya se han anunciado en carrera, un desistimiento podría darse por dos razones: porque no se entendieron entre sí los potenciales socios, pueden haber intereses encontrados entre “eléctricos” y “cañeros” o que el precio máximo que pueda fijar Proinversión sea muy bajo, cosa sobre lo cual aún no se puede decir nada pues no ha sido publicado. Este punto es bien sensible, pero hay muchos elementos de juicio para los que estamos en el rubro para dar opinión.

La experiencia de la construcción del poliducto Camisea-Pisco-Lurín, ha dejado una serie de ratios por zona constructiva (selva-sierra-costa), que con el precio actual de los ductos, así como la información sobre la operación de Transportadora de Gas del Perú (TGP) puede permitirnos darnos una referencia de la magnitud de la inversión en construcción y suministros, así como ingeniería de detalle, estudios de impacto ambiental (EIA) y de consulta previa; estimo que ascenderá a los 4,000 millones de dólares, que representan una anualidad del orden de 496 millones de dólares corrientes en un horizonte de 30 años.

Por otro lado el flujo anual de costos de operación y mantenimiento bordea el 6.% de la inversión, es decir 248 millones de dólares corrientes, que traídos a valor actual al 12% anual que es la tasa de descuento que usa el estado peruano, asciende a 2,000 millones de dólares.

Resumiendo estamos hablando de un valor actual a la fecha de puesta en operación comercial (POC) prevista aproximadamente en septiembre del 2019, del orden de 6,000 millones de dólares y un flujo anual por inversión, operación y mantenimiento del orden de 744 millones de dólares, cifra por donde deberá estar el monto fijo total anual del costo del servicio que fije la agencia promotora de las inversiones, que es la conductora del proceso.

Si el monto máximo fijado es razonable, de hecho que habrá postores en los consorcios que no tienen conflictos entre sí. A diferencia del “proyecto del metro de Lima”, donde la cifra podía ser más discutible, dada las variantes constructivas lo que hacía que fuese demasiado riesgo otorgárselo a un solo postor, cosa que hizo el gobierno; en este caso no debería temblar el pulso si al final del día hay un solo sobre en la mesa.

Con respecto a mantener la fecha del 30 de junio como inamovible, tiene implicancias políticas para el gobierno y económicas para los consumidores de electricidad. Para el “humalismo” cuya credibilidad en el Cusco está por los suelos, luego de la mendaz recuperación de las reservas del lote 88 (Camisea) y de haber puesto la primera piedra del monumento al tubo en la ciudad de Quillabamba en abril del 2012, una postergación más y como en el cuento infantil que ya llega el lobo, cuando realmente llegue nadie le creerá. Para los consumidores, por cada mes de atraso que haya habrá un cargo adicional en los costos de electricidad de 5.5 millones de dólares, por el uso del diesel en lugar de gas natural en el llamado Nodo Energético del Sur.

Estamos a un mes de la fecha prometida, ya estamos al corriente lo que significan los temores y las dilaciones, aún faltan otros puntos por desarrollar, la tarea en los próximos días será intensa y no me abstendré de comentar mi visión particular.