Mediante un proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso serán endurecidas las penas para los casos de corrupción, y es que no se suspenderá la ejecución de la sentencia a los funcionarios y servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos previstos en el Código Penal. Para el efecto se modifica el artículo 57ª del indicado Código Penal, conforme explicó el congresista Juan Carlos Eguren (PPC-APP), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Previamente, la asamblea rechazó una cuestión previa del parlamentario Omar Chehade Moya (NGP), quien había planteado que el tema fuese retornado a la comisión dictaminadora para un mayor estudio. Fue por 61 votos en contra, 23 a favor y cuatro abstenciones.
El proyecto fue sancionado por 75 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones. Luego, fue exonerado de la segunda votación por 54 votos a favor, 32 en contra y ninguna abstención, y con ello quedó listo para su promulgación por el Poder Ejecutivo.
Eguren indicó que el proyecto es una de las medidas necesarias para resolver el hecho de que la corrupción haya derrotado a la justicia y al país en general. Al respecto, manifestó que, de cada 100 sentenciados por delitos de corrupción en agravio del Estado, menos de un 5% purga prisión efectiva. Añadió que un 95% está con sentencia suspendida y no hay forma de combatir ese aliento a la impunidad y el delito.
El parlamentario señaló que si bien la suspensión de la ejecución de la pena obedece a una discrecionalidad del juez, ello también puede deberse a casos de corrupción a un magistrado por el pago de coimas a fin de no purgar la sentencia efectiva. Subrayó que, por esa razón, el proyecto modifica la norma y señala que la discrecionalidad del juez no tendrá tan alto nivel como ocurre ahora y en todo caso se cumplirá la sentencia efectiva.
En el debate de la propuesta hubo quienes mostraron sus reservas en cuanto a sus alcances, y entre ellos estuvieron los legisladores Martha Chávez Cossío (FP), Santiago Gastañadui Ramírez (NGP), así como Rolando Reátegui Flores (FP). Consideraron, entre otras cosas, que el tema se prestaría a casos de coimas y que quienes se salvarían de la prisión efectiva serían quienes tienen más dinero y solo los más pobres estarían encarcelados.
Omar Chehade Moya hizo notar que el proyecto no había contado con opinión del Ministerio de Justicia. Anunció que el tema debería de ser postergado, y además, de aprobarse el dictamen, habría una superpoblación en los penales.
Pero hubo otros legisladores como Daniel Abugattás Majluf (NGP), Rosa Mavila León (AP-FA) y Yehude Simon Munaro (NoA) que urgieron a la aprobación del proyecto. Consideraron que ello era un imperativo y que resultaba necesario y apremiante dar una señal al país de que el Congreso de la República sí desarrolla una lucha frontal y drástica contra la corrupción.
Eguren, en su intervención final, señaló que el tema se refería a los casos de sentenciados y no denunciados. Además, anunció una modificación al articulado, señalando que sería para los casos más graves de corrupción.
La sesión matutina fue suspendida a las 2 y 18 de la tarde y la presidencia convocó para seguirla en su fase vespertina a partir de las 4 de la tarde. Igualmente, se convocó a sesión de la Junta de Portavoces para las 4 y 30 de esta tarde.