Nuevos vientos en SIDH

Ante los excesos y demoras en el trámite de peticiones, denuncias y causas, sea ante la Comisión Interamericana o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú en el año 2007, reunió a un grupo de países integrantes de la OEA que tenían cuestionamientos a la actuación de la Comisión y Corte, en el ánimo de gestionar algunos cambios en sus Estatutos y Reglamentos para que ellos cumplieran a cabalidad con los mandatos, facultades y atribuciones señalados tanto en la Carta Constitutiva de la Organización como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se constriñeran a ellos.

El tema fue tomando cuerpo y en la Asamblea General de la OEA realizada en El Salvador, encomendó al Consejo Permanente profundizar el proceso de reflexión sobre el funcionamiento del SIDH y presentar sus recomendaciones.

El Consejo Permanente de la OEA creó un Grupo de Trabajo, para formular sus recomendaciones, las que fueron aprobadas por el citado Consejo y elevadas a la Asamblea General celebrada en el 2012 en Cochabamba, la que encargó al Consejo, que sobre la base del informe formule propuestas concretas para su aplicación en diálogo con todos los involucrados.

En Asamblea General de marzo del 2013 se recibieron los planteamientos de la Comisión Interamericana y las reformas introducidas.

Debemos destacar los avances producidos tanto en el plazo cronológico de calificación de peticiones, como en la atención de los temas de carácter urgente y que ameritan su inmediata intervención.

Se ha normado el archivamiento por inactividad procesal y el desarchivo  cuando fuere necesario, y además se privilegia las soluciones amistosas, entre otras medidas, todas ellas propuestas por el Perú desde el 2007.

Todo ello es un claro avance, aunque insuficiente, pues habían otras sugerencias aún no admitidas, por lo cual no se puede considerar concluido el proceso de cambios como algunos pretenden; pero habrá que seguir insistiendo.

En cuanto a la Corte, bajo la Presidencia de Diego García Sayán,  se advierten mejoras sobre todo en medidas provisionales, e incluso ha denegado algunas solicitadas por la Comisión, aunque todavía se nota excesos en las reparaciones económicas.

Esperemos que la Corte, en el caso de los Comandos Chavín de Huantar, amerite con pulcritud los argumentos y pruebas aportadas por el Estado Peruano y en el amicus curiae de la defensa de nuestros valerosos comandos.

Es destacable asimismo, que en la última Asamblea  realizada en Asunción, no se haya aceptado el pedido de países del ALBA y algunos de UNASUR para obstaculizar las labores de la Relatoría de la Libertad de Prensa y su financiamiento, que en los últimos tiempos ha actuado con tino y prudencia.

Hemos avanzado, ¡qué duda cabe! Pero tenemos que seguir en la tarea.