[Argentina] Fondos buitre y economías globalizadas

El conflicto surgido a partir de los dictámenes de la justicia de los Estados Unidos que obligan a la Argentina a pagarle a los comúnmente denominados "fondos buitre"resalta un debate fundamental que se ha venido dando en el marco de la política económica internacional. Esto es, ¿cuánta autonomía tienen hoy los Estados en un marco de economías cada vez más globalizadas?

A partir del avance de la integración económica muchos comienzan a preguntarse sobre cómo estos fenómenos limitan efectivamente las autonomías y capacidades estatales. Es decir, ¿pueden los Estados actuar con independencia de lo que los mercados internacionales y la comunidad global prefieren? La libre movilidad del flujo de capitales es muy utilizada para demostrar la pérdida de autonomía del Estado. Virtualmente casi todos los Estados liberalizaron el flujo de capitales en los últimos tiempos. Incluso países desarrollados como Japón, Alemania, Italia y Francia flexibilizaron notoriamente sus restricciones a la movilidad del capital entre finales de la década del setenta y finales del ochenta.

Justamente es en la década posterior donde las reformas neoliberales son ampliamente aplicadas en los países en vías de desarrollo. Una vez hechas las reformas, estos países se vieron sujetos a nuevas reglas y una mayor presión de los entes financieros internacionales.

En particular, América latina es una región en donde el capital es un bien escaso. Sus países son muy sensibles a la salida de capitales. Los políticos en el poder preferirían "complacer" las demandas de los mercados internacionales ya que una retirada de capitales implicaría una crisis económica y social que afectaría directamente la continuidad de su propio gobierno. El caso argentino previo a la crisis del 2001 sería un claro ejemplo en el que los diferentes políticos de turno intentaron por todos los medios satisfacer las demandas de los mercados internacionales, aun a costa de tomar políticas contractivas como la reducción de salarios públicos y creación de nuevos gravámenes como el impuesto al cheque o la oblea para automóviles del fondo de incentivo salarial docente. Estas políticas ratificarían entonces que el Estado por decisión propia o por fuerza mayor ve limitada su capacidad de acción.

Un interrogante que puede surgir analizando la década del noventa es el siguiente: si los mercados internacionales limitan la autonomía del Estado, ¿por qué en países como la Argentina o Perú la corrupción y el uso amplio y clientelista de la asistencia social pareció incrementarse durante este período? Algunos politólogos sostienen que las presiones sobre los Estados son fuertes pero limitadas en amplitud. Es decir, los mercados internacionales estarían más interesados en ciertos indicadores macroeconómicos básicos pero no tanto en el detalle de cómo cada gobierno maneja las políticas públicas más generales dejando una autonomía restringida a ciertas áreas.

En América latina, ciertas medidas aplicadas en la década del 2000 parecieron ir en contra de esta tendencia. En el caso argentino, nuevamente el Estado toma un rol más activo incluso en muchos casos generando desconfianza en los mercados internacionales a partir de la nacionalización de activos, alteración de marcos regulatorios prexistentes o incluso el mismo default y su posterior reestructuración de la deuda. En ese sentido, estas políticas parecían ir en contra del argumento sobre la pérdida de autonomía estatal generado por las fuerzas homogeneizadoras de la globalización. Sin embargo, las resoluciones de la justicia de Nueva York en los Estados Unidos -principal centro financiero del mundo- han tenido un fuerte impacto sobre alguna dimensión de los planes del gobierno argentino que en un principio se manifestaba más desafiante y ahora se ha mostrado más conciliador ante los límites que le ha impuesto el fallo del juez Thomas Griesa. ¿Es esto una evidencia de que aun con gobiernos con otra orientación de políticas la autonomía estatal está efectivamente limitada por el marco internacional? Por el contrario, ¿es la actitud conciliadora del Gobierno una decisión voluntaria y estratégica que bien puede cambiar libremente sin que esto afecte la economía del país y su legitimidad social y política? Probablemente una respuesta a estas preguntas no sea fácil, pero claramente estos interrogantes, y la realidad global que los genera, exponen cómo un mundo cada vez más interconectado afecta la autonomía del Estado para decidir sus políticas públicas. En cualquier caso ignorar o negar esta situación no lo va a resolver.