Nada en seguridad ciudadana

El mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala defraudó todas las expectativas respecto al problema de la inseguridad ciudadana, al haber reafirmado el enfoque de su gobierno que considera a ese grave problema como un asunto meramente policial-penitenciario. Una vez más, el presidente dejó en claro que ni él, ni su gobierno, entienden a cabalidad las causas del desborde de la delincuencia que sufrimos los peruanos.

El Presidente cree que con más redadas, más patrulleros, más motos, más unidades policiales, se derrotará a la delincuencia. Y para justificar su visión, mostró, como un gran logro de su gestión, cifras extrañas que hablan de miles de delincuentes detenidos en intervenciones policiales. Está completamente equivocado si cree eso.

Las adquisiciones que anunció – hasta helicópteros y aviones – , así como futuras mejoras en las infraestructuras de la policía, son útiles y positivas, pero de poco o nada servirán para ganarle la guerra a la delincuencia si no van acompañadas de una política de Estado integral y multisectorial que el presidente se resiste a liderar. En vez de enfrentar el problema como jefe del Estado, lo está haciendo como jefe del Ejecutivo.

El propio Humala admitió la complejidad del problema el 2011, cuando convocó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como la instancia que, liderada por él, se encargaría a asumir el reto de vencer la inseguridad. Dicho consejo está integrado por el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instancias del Estado involucradas en la problemática. Hoy ha dejado de lado esa política y la ha reemplazado por otra enteramente policial.

El Presidente debería aprender de la historia reciente. Por ejemplo, los tres gobiernos anteriores compraron miles de vehículos policiales y sin embargo la delincuencia creció. Los patrulleros nuevos se ven estacionados en calles recónditas o en las comisarías, menos patrullando. ¿Por qué? Por la corrupción policial, que todos vemos menos el gobierno.

Los tres últimos gobiernos también despidieron a miles de policías corruptos, pero la inmensa mayoría de estos fueron reincorporados por fallos judiciales que todos sabemos cómo se consiguen en un Poder Judicial igualmente corrupto. La misma suerte corren los hampones avezados en las fiscalías y en los tribunales de justicia; o salen libres o les imponen penas benévolas.

¿Puede el Presidente garantizar que los delincuentes detenidos en las últimas semanas serán denunciados, juzgados y sentenciados como corresponde? Claro que NO. Los únicos que pueden garantizarlo son quienes dirigen el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero ninguna de estas instituciones está involucrada en esta guerra contra el crimen. Si Humala ejerciera su liderazgo como jefe de Estado, ambos organismos serían comprometidos.

Lo más rescatable del mensaje presidencial en esta materia ha sido tal vez el reconocimiento explícito de que la magnitud del problema demanda un acuerdo de todos los sectores políticos del país. El problema es que no dio ningún paso concreto para avanzar en esa dirección; al contrario, dijo que él ya había cumplido al respecto el 2011, cuando presentó el plan de seguridad ciudadana de su gobierno al Acuerdo Nacional, un organismo que, como todos sabemos, está parado hace años porque el presidente tampoco lo lidera.

En resumen, las ideas expuestas por el Presidente nos confirman que, en el fondo, está convencido de que la inseguridad en las calles es solo una percepción equivocada de los ciudadanos, y que su gobierno la cambiará con más policías en las calles. Una vez más, el Ollanta Humala se rehusa a hacer reformas.