Lobbies y puerta giratoria

Para Ana Jara el Ejecutivo adopta decisiones pensando en el bienestar general de todos los peruanos sin tráfico de influencias posible. Ante el Congreso, señaló que los ministros de Estado no adoptan medidas influenciados por diversos sectores económicos o políticos. Quién podría creerle cuando sabemos que el lobbismo en el Perú nunca ocupa las primeras planas de los medios, se desarrolla suavemente, las más veces al margen de lo abiertamente conocido.

No es que los lobbies impliquen siempre corrupción, negocios turbios de políticos y empresarios, ni que necesariamente sea ilegal ni perjudicial. El asunto es que deben ser regulados para que sean transparentes y fiscalizables y no una forma secreta de otorgar prebendas a determinados grupos por alguna irregular retribución económica.

Es legítimo que un grupo de interés envíe una carta o se reúna con un congresista o ministro explicándole su posición sobre un tema y solicitándole la aprobación de una ley, pero es irregular si corre dinero bajo la mesa. Algunos estudios jurídicos son campeones del lobby y tienen renombre por sus contactos con el ejecutivo y el congreso, que promulgan leyes que pueden beneficiar a tal o cual grupo empresarial pero también con la prensa, que publica informaciones y opiniones que sustentan posiciones que convienen para los objetivos.

Cómo lograr algunas reglas mínimas para que disminuya ese poder del secreto que beneficia al poderoso y rico y no a quien tiene la razón. El lobbismo es la práctica menos democrática y seguramente la más opaca pero refleja los problemas éticos del sistema. Cuando alguna denuncia trasciende es porque dos o más grupos están en guerra de negocios y cada grupo tiene a sus lobbistas en los ámbitos económicos, políticos, judiciales e informativos para ver quién excluye a quién. Ese mercadeo de influencias se da en el Perú y en el mundo. Al igual que en la Bolsa los brokers en el congreso permanentemente transmiten lo que se discute y reciben las consignas e instrucciones. Los congresistas pueden ni estar enterados porque más eficientes resultan el personal administrativo o de menor nivel. Lo mismo ocurre con ministros o autoridades que reciben a los visitadores previsionales, cerveceros, petroleros, de comunicaciones.

Y puede haber mucho de opaco, inescrupuloso y agresivo en este mercado que no tiene nada de libre y en donde las trampas y maniobras proliferan según el peso específico de las empresas en cuestión. Muchos funcionarios ni se atreven a chocar con ellas para defender el interés público frente al de los grupos económicos.

Y es conocida la puerta giratoria -revolving door- para referirnos a los altos cargos del Estado que pasan a trabajar a grandes empresas privadas llevándose la información y la influencia de su anterior ocupación lo que de hecho producirá conflictos de interés entre lo público y lo privado. No es suficiente el régimen de incompatibilidades que pone límites a la actuación de cargos públicos pues no impide que a su salida puedan ser lobbistas de altísimo nivel, lo que no evitará que en algún momento vuelvan a la administración pública.

Ambos temas deberían ser abordados con los “cornejoleaks”. Todas las organizaciones que desarrollen actividad de representación o defensa de intereses deberían poder inscribirse en un Registro, como sucede en otros países, dando la información que pueda ser consultada. Y las incompatibilidades de los altos cargos deberían ser actualizadas para ser pasibles de seguimiento. Ojalá no dejen pasar la oportunidad.