Demagogia moralizadora en contexto de paro suspendido en la Convención

César Gutiérrez, autor de estas líneas

El recientemente suspendido paro en la provincia cusqueña de La Convención, luego de 14 días y dos muertos, entre ellos nada menos que la máxima autoridad de la localidad de Kepashiato, Rosalío Sánchez; ha tenido como motivación un pliego de reclamos que comprende principalmente tres temas: medidas contra la corrupción, emergencia del agro y la construcción de una planta de fraccionamiento de líquidos. El gobierno ha pactado la tregua estableciendo cinco mesas de diálogo para discutir los temas: agricultura, anticorrupción y orden interno, infraestructura y desarrollo, temas sociales y energía. Al final de cuentas sin solución a la vista es solamente una estrategia de ganar tiempo y esperar que los ánimos caldeados se morigeren.

De los temas mencionados, el más complejo y sensible es la construcción de la planta de fraccionamiento, que viene de una irresponsable promesa política en el año 2010, por parte del último ministro de energía y minas de la administración García, Pedro Sánchez. Era y es obvio, que es una inversión onerosa que se convertirá en costo hundido y sin retorno, pues solo serviría para abastecer de gas licuado de petróleo (GLP) a una magra demanda de la zona sur este del país. Hay otras modalidades para suministrar de este energético a la región Cusco, sin incurrir en elevados costos innecesarios.

Hoy se pretende politizar más el tema tratando que se convierta en una obligación en la construcción del gasoducto sur peruano (GSP) a la vez que el congresista Yonhy Lescano, exige en el Congreso de la República que a través de este poder del estado se realice una auditoría a este proyecto. El deseo todo indica ir en consonancia con la demanda de un consorcio perdedor, donde solo participan dos de los cuatro antiguos socios; las empresas estatales TGI, de Colombia y GDF Suez, de Francia; con gran tino sabiendo que la razón no les asiste, declinaron de continuar con la demanda que pretende que se anule la buena pro ya otorgada.

El ministro Miguel Castilla, en una de las pocas oportunidades en las que ha actuado con tino, ha manifestado que habrá una auditoría a cargo de una empresa internacional de primer orden. La decisión es correcta, pues la auditoría tendrá que hacer seguimiento a las características constructivas del GSP de manera tal que garantice una operación sin interrupciones en el servicio. Adicionalmente deberá verificar que la posibilidad de variaciones que se presenten en obra tenga fundamento y no sean una liberalidad del inversionista-constructor-operador. De eso se trata, es un tema altamente técnico y no político. Me pregunto: ¿Qué podría auditar el Congreso en esta obra? Los montos contratados ya fueron asumidos con todo el riesgo por el postor ganador y es un tema que ya no se podrá discutir. Impertinente pedido, que expresa un voluntarismo obstruccionista, que lo único que podría producir es que la tan anhelada obra por los cusqueños no se concrete.

De otro lado queda en la agenda la construcción de la planta de fraccionamiento, si el gobierno cede, lo único que conseguirá es dilapidar recursos de la caja fiscal. Hablemos claro y planteamos una solución a la provisión de GLP para la región sin necesidad de hacer inversiones a fondo perdido, al “humalismo” le queda no más de un mes para solucionar el problema, pues de lo contrario en la última semana de octubre nuevamente habrá paro indefinido en La Convención.