Citarán a padres del ex ministro Miguel Castilla

La comisión que investiga los nexos del empresario Rodolfo Orellana Rengifo realizó su vigésima quinta sesión ordinaria a fin de determinar, entre otros asuntos, la irregular compra de terrenos de propiedad del Estado y las presuntas apropiaciones ilícitas que habría realizado valiéndose de una red de funcionarios públicos y miembros del crimen organizado.

De acuerdo a la agenda establecida se presentó ante el grupo de trabajo, presidido por Vicente Zeballos (SN), el decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti Pachas, quien informó que la institución se encuentra en un proceso de reorganización por lo que no ha podido establecer sanción contra Orellana.

“Nuestra institución se encuentra en un proceso de reorganización, toda vez que se ha detectado una serie de factores negativos en su dirección y administración. La Comisión de Ética viene siendo reestructurada junto a otras comisiones de trabajo. De igual forma, se ha dispuesto una auditoría contable y administrativa a las gestiones anteriores. En el proceso en que nos encontramos, no nos permite aplicar sanciones a los colegiados que hayan incurrido en delito o accionar indebido. En cuanto se reestructure, tengan la seguridad que se sancionará a los que corresponda”, manifestó el titular del Colegio de Abogados de Lima.

Amoretti ofreció su colaboración para los fines que requiera la comisión investigadora y manifestó que se trabajan acciones e iniciativas que ayuden a prevenir y combatir los actos de corrupción en el Estado y la sociedad en su conjunto. “Estamos llanos a colaborar y tengan la seguridad que sancionaremos a quienes hayan incurrido en actos ilegales que son materia de cuestionamientos y rechazos de la opinión pública”, refirió Amoretti Pachas.

En la segunda parte de la reunión se presentaron funcionarios del área legal de la municipalidad distrital de Ate Vitarte, quienes informaron en relación al cambio de uso del espacio físico para el funcionamiento del Centro Recreacional de los ex trabajadores de Entel Perú, que fuera también adquirida de forma irregular por una de las organizaciones de la red Orellana. Se dio a conocer de diversos actos administrativos y ordenanzas de la municipalidad de Vitarte, que sustentarían algunas modificaciones sobre el uso de espacios físicos, similares que hoy son investigados.

Al término de la reunión, los integrantes del grupo de trabajo coincidieron en la necesidad de citar a los padres del ex ministro de Economía, Miguel Castilla, para que informen sobre su participación en la compra del terreno de los trabajadores de Entel.

Además, se citó al Procurador Anticorrupción, Cristhian Salas, así como al presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, y al Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, a fin de que puedan informar sobre los avances de los trabajos en la lucha anticorrupción y en especial sobre el caso Orellana. (FA)