Gestión óptima de megaproyectos, única opción gubernamental

A un gobierno con mayoría parlamentaria precaria, con ineficiencia en la gestión, sin ideas económicas claras para revertir la caída de la tasa de crecimiento, torpe en la respuesta a los conflictos que se presentan y carente de iniciativas políticas positivas; no se le puede pedir que sea al menos reformista; es lo que vive la administración de Ollanta Humala. Lo mínimo que le compete es darle dinamismo constructor, sin interrupciones, a los megaproyectos otorgados, que es lo único rescatable de lo realizado en estos treintaiocho meses de gestión.

Los megaproyectos no son pocos: nodo energético del sur, línea 2 del metro de la ciudad de Lima, modernización de la refinería Talara, concesión de la línea de interconexión eléctrica Moyobamba-Iquitos y concesión del aeropuerto de Chincheros en la región Cusco. Todo este conjunto de obras significarán una inversión del orden de 9,500 millones de dólares.

De todos los proyectos solo se culminará en la actual gestión gubernamental, parte del nodo energético del sur, que significarán cerca de 450 millones de inversión ejecutada. El resto, si todo marcha sin problemas los inaugurará el próximo gobierno. Estimo que la inversión que se hará efectiva hasta el 2016, ascenderá a la suma de 5,000 millones de dólares, es decir el 43% del total. Esto tendrá tres efectos: incremento en la inversión privada; crecimiento en el PBI e incremento de las importaciones; con su consiguiente impacto negativo en la balanza comercial, consecuencia de los suministros importados.

Los cuellos de botella que enfrentará el gobierno que pueden trabar el avance de obras estará en: obtención de autorizaciones ambientales, oposición en las consultas previas, inseguridad de los constructores por la acción de los llamados sindicatos de construcción civil y acusaciones en el terreno político por el otorgamiento de los contratos. Corresponderá al Ejecutivo superar las trabas, dando facilidades a los contratistas en la obtención de permisos, otorgando seguridad ante el crimen organizado que ronda las grandes obras y respuesta política apropiada ante los señalamientos. Si es capaz de tener control en estas variables, a pesar de no inaugurar las obras, tendrá réditos políticos.