La corrupción se ha extendido en todos los niveles en el Perú

Condenamos la corrupción pero muchas veces no conocemos en qué consiste este delito y la mayoría de personas aún no conoce el grado en que se ha extendido e intensificado. La corrupción es el abuso del poder para beneficio propio y de tercero. Puede ser corrupción a gran escala, o de menor escala, según los montos apropiados y el alcance del sector intervenido.

La corrupción más difundida es la cometida en los niveles más altos de los gobiernos, que se caracterizan por la distorsión de políticas y de funciones del Estado. Permiten a las autoridades beneficiarse con los activos fiscales, que son depositados en cuentas secretas en el exterior. Son famosos los casos de jefes de Estado y altos funcionarios corruptos que purgan condenas de prisión.

Sin embargo, los delitos de corrupción que más afectan a la mayoría de personas son los abusos cotidianos de poder por funcionarios públicos de niveles subordinados quienes a menudo exigen coimas para cumplir con sus funciones o conceder beneficios de bienes y servicios no permitidos por la legislación.

En el caso del Perú, las cifras no engañan. Según el analista político Carlos Basombrío “después de un combate firme contra la corrupción en los primeros años de este siglo, se abandona la lucha al punto que hoy estamos en los mismos niveles que la época de Fujimori.

El Banco Mundial también afirma lo mismo. Sus indicadores mundiales de la gestión pública 1996-2013, sobre el comportamiento, en el área específica de control de la corrupción, demuestran que el control de este flagelo ha caído al nivel que había reportado en los finales del régimen fujimorista.

Asimismo, la percepción de la opinión pública peruana constituye una prueba que confirma los informes. El sondeo de Pulso Perú, publicado por Perú21 la semana pasada, refleja que un contundente 92% de la población cree que el nivel de corrupción en el país es Muy Alto.

De acuerdo a los cuadros presentados en el informe del Banco Mundial, el rango percentil del Perú en materia de control de la corrupción ha experimentado una especie de inestabilidad, con subidas y bajadas. Parece que la voluntad política y la debilidad de las fuerzas tutelares han contribuido al descalabro institucional.

En los últimos años del fujimorismo, se produjo una caída libre del rango percentil en materia de control de la corrupción: cayó a 39 puntos. Aún tenemos en la memoria los ‘vladivideos’, que escandalizaron al mundo por el grado de corrupción que se experimentó al más alto nivel en el régimen del hoy condenado expresidente, Alberto Fujimori.

Cuando asume la presidencia Ollanta Humala en 2011, el nivel percentil se encontraba en 52.1, pero a fines de 2013 las cifras cayeron diez puntos y, como en los días finales del régimen fujimorista, estamos por debajo del promedio latinoamericano. La causa podría ser una combinación del aumento geométrico de la corrupción y la disminución de la acción del Estado.

En los últimos días, la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Ana Jara, anuncia un paquete de medidas, que incluye dispositivos legales. Esto a pesar que el Presupuesto del Sector Público 2014 no incluye una partida económica significativa, que refleje la intención del Estado de priorizar la lucha contra la corrupción en el Perú.

En el Perú existe el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 (¿En solo 4 años se puede controlar la corrupción? Dice que pretende generar cambios institucionales y normativos que consoliden la articulación entre las entidades destinadas a combatir la corrupción. Cuenta con cinco objetivos específicos, 15 estrategias y 55 acciones. El problema está en la implementación, que aún no puede ser articulada como sistema nacional.

El plan involucra a los sectores público privado y sociedad civil. La organización del aparato anticorrupción implica preguntar ¿quiénes son el sector público, el sector privado y la sociedad civil? No olvidemos que “Responsabilidad de muchos es responsabilidad de nadie”. La articulación debe obedecer a un proyecto nacional con planeamiento estratégico, que involucre de manera sistémica, transversal y multisectorial a los actores claves. El Plan debe aplicarse a través de un Sistema.

(*) Analista político y miembro de la directiva de la Red Peruana de Divulgadores Científicos.