Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
Declarar la vacancia de los congresistas a los que se les pruebe fehacientemente haber recibido dinero proveniente del narcotráfico para sus campañas electorales, y cancelar la inscripción del partido político que lo propuso como candidato o se le compruebe haber sido financiado con las mismas fuentes, proponen los predictámenes de dos proyectos de ley que empezaron a ser debatidos en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el legislador Cristóbal Llatas Altamirano (NGP),
Las iniciativas están orientadas a prevenir y sancionar drásticamente la infiltración de narcotráfico en las organizaciones políticas de todos los niveles de gobierno, sea nacional, regional o local.
Las propuestas dieron lugar a un intercambio de opiniones de los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento, quienes hicieron algunas observaciones y sugirieron algunos cambios a las propuestas presentadas.
Uno de los predictámenes propone incorporar el artículo 394° a la Ley Orgánica de Elecciones 26859, y modificar los artículos 13º, 31º y 36º de la Ley de Partidos Políticos 28094, con la común propuesta de cancelar la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones a la organización política a la que se le haya comprobado, mediante sentencia judicial firme, que haya recibido financiamiento derivado del tráfico ilícito de drogas.
El nuevo artículo 31º que se propone está orientado a prohibir a los partidos políticos, movimientos de alcance regional o departamental y organizaciones políticas de alcance provincial y distrital no puedan recibir contribuciones de organizaciones delictivas o personas dedicadas a actividades ilícitas como el tráfico ilícito de drogas.
El segundo predictamen propone incorporar el artículo 15-A al Reglamento del Congreso de la República y disponer que el partido o alianza de partidos políticos cuyo representante en el Congreso tenga condena judicial firme vinculada a los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, perderá el escaño por el resto del período parlamentario.
Es decir, que en ese caso no procederá el reemplazo del congresista por el accesitario, produciéndose en dicho supuesto la pérdida del escaño del partido o alianza de partidos.
De esta forma se busca introducir en el ordenamiento jurídico peruano la figura de la ‘silla vacía’ o ‘escaño vacío’, buscando responsabilizar al partido político por no haber establecido los filtros necesarios para sus listas no sean penetradas por la ilegalidad.
Durante el debate, la congresista Lourdes Alcorta (CP), autora de una de las iniciativas, propuso incluir también a los candidatos y partidos que sean financiados con fondos provenientes del lavado de activos; Rosa Mavila (AP-FA) planteó que también se modificara el Código Penal para incluir las sanciones propuestas, a la vez que obligar a todos los candidatos a declarar la fuente de financiamiento de sus respectivas campañas y que los aportes que reciben sean manejados por la Tesorería de su agrupación política.
A su turno, Javier Bedoya (PPC-APP) se preguntó si un congresista despojado de su inmunidad y sometido a juicio podría ser reemplazado mientras dure el juicio, que puede demorar varios años antes de que se dicte sentencia firme.
En el debate participaron también Marisol Espinoza (NGP), Rolando Reátegui y Martha Chávez (FP), quien propuso que los predictámenes fueran devueltos a la secretaría técnica para que elaboraran nuevas propuestas, lo que fue aprobado por unanimidad.
Consejo consultivo
Al inicio de la sesión, la Comisión aprobó por amplia mayoría la conformación del Comité Consultivo, que estará integrado por destacados juristas y constitucionalistas que han aceptado la invitación cursada por el grupo de trabajo.
Así, respondieron afirmativamente los juristas Raúl Ferrero Costa, Aníbal Quiroga, Samuel Abad, César Landa Arroyo, Javier Valle-Riestra, Enrique Bernales, Ángel Delgado y Carlos Blancas Bustamante.
También, Rocío Villanueva Flores, Francisco Eguiguren, Magdiel Gonzales Ojeda, Ricardo Beaumont y José Palomino Manchego.
No se descarta que en los próximos días se sumen otros constitucionalistas, cuya respuesta quedó en compás de espera, según el congresista Llatas.
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