Firmeza contra el tráfico de recursos naturales

Lima, durante 12 días estará ante los ojos de los que hablan del medio ambiente en el mundo, por el desarrollo de la XX Conferencia Internacional del Cambio Climático donde el Perú se ha comprometido con anterioridad a tener un 60% de electricidad generada por energías renovables. La industria de los hidrocarburos estará en la mira para denostarla y las hidroeléctricas, las solares y las eólicas para pontificarlas.

El gobierno nacional en su Plan Energético Nacional 2014-2025 (PEN 2014-2025), se plantea incrementar significativamente la producción de petróleo de los 63 mil barriles por día (MBD) actuales a 160 MBD en el 2019; la de gas natural (GN) de los cerca de 700 millones de pies cúbicos por día (MMPCD), destinados al mercado interno a 2,000 MMPCD en el 2025. Se asume que en las renovables no convencionales (eólica, solar y biomasa), se mantendrá el 5% de participación en la matriz de electricidad con lo cual las hidroeléctricas pasarán del 52% actual a 55% en el 2025.

Para cumplir los objetivos del PEN 2014-2025, habrá una gran traba pues en nuestro país campean muchos desarrolladores de proyectos de petróleo e hidroelectricidad, a los que no se les puede negar su actividad, pero hay que ser más firmes en las exigencias, pues estamos en vías de tener una cantidad significativa de traficantes que hacen posesión de áreas de desarrollo para especular y transferirlas a inversionistas verdaderos.

Ahondando más en lo reseñado; la exigencia debe traducirse en tres hechos concretos: estudios de impacto ambientales rigurosos, capital mínimo para hacerse de una concesión definitiva o contrato de licencia de explotación y anular todos los mecanismos administrativos de oposición que no estén respaldados por una carta fianza bancaria.

En cuanto al capital mínimo, el desarrollador no debería mostrar un apalancamiento financiero de cerca de diez veces su patrimonio, privilegio que no tienen ni las instituciones del sector financiero. Desde el primer día de la concesión definitiva o de la licencia de explotación, la exigencia tiene que ser de una capacidad de endeudamiento de un múltiplo de la EBIDTA del orden de 3 a 4 veces. Ningún “bulling” mediático debe atemorizar a las autoridades, mano firme señores.