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REDES SOCIALES
Sábado 06 de diciembre 2014

Elecciones y Estado de derecho

Por: Guillermo Vidalón del Pino
Elecciones y Estado de derecho
Foto: Difusión


Guillermo Vidalón del Pino, autor de estas líneas

En las sociedades más avanzadas, las leyes son la garantía de una convivencia pacífica y armoniosa, sus normas reflejan la realidad social. Si todos o la mayoría de los ciudadanos valoran positivamente una conducta, en su defensa deciden sancionar toda transgresión a la misma.

El Perú se define a sí mismo como un Estado Democrático de Derecho; es decir, una institución que se rige por normas jurídicas, a pesar de que la mayoría de la actividad económica se desenvuelve en la informalidad. Afortunadamente, en la ciudadanía existe una vocación por el orden y la seguridad, y un manifiesto rechazo al caos que nos empobrece material y espiritualmente.

La informalidad en el país es consecuencia de que las leyes se han distanciado de la realidad, más allá de la existencia de una voluntad mayoritaria de la población por eludir el cumplimiento de las normas. Debemos ser conscientes de que las normas no cambian la realidad, es la realidad la que debe ser expresada en las normas y es en el fomento de las mejores conductas que se logra mayores beneficios para todos.

¿Cuál es el riesgo de actuar a contracorriente?

Que se fortalezcan acciones extremas de informalidad/criminalidad, frente a las cuales el Estado de Derecho termine arrinconado o, peor aún, resulte incómodo para algunos personajes que terminen por convertirse en autoridades luego de conocerse los resultados del proceso electoral regional del próximo domingo.

En ese sentido, dichas elecciones revisten una gran importancia para los intereses de la nación. En concordancia, invocar a la reflexión para orientar nuestro voto hacia quienes representan la mesura, la concertación y el largo plazo, constituye la mejor apuesta en favor del desarrollo económico y social de todos los peruanos.

Desafortunadamente, en el partidor existen candidatos que están haciendo uso del Estado de Derecho para lograr poder político y, desde dentro, continuar el proceso de socavamiento hasta conseguir su desintegración. Afortunadamente, en los años 80 y 90 la subversión no logró dicho objetivo.

En la actualidad, en Puno está el candidato Walter Aduviri, quien quizás por desconocimiento ha señalado que de resultar elegido “será el gobierno regional el que se hará cargo de la actividad minera”. ¿Cabe preguntarse quiénes serán sus operadores?, esperemos que no sean los extractores ilegales que depredan el bosque amazónico, contaminan los ríos y las reservas naturales en Madre de Dios.

El candidato Aduviri debería saber que el artículo 60 de la Constitución precisa que: “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial (…)”, caso contrario, cualquier ciudadano podría ser plausible de una denuncia penal por infracción a la Carta Magna.

¿Habrá logrado la región Puno satisfacer las Necesidades Básicas de su población como para desviar recursos del Estado en una actividad económica donde los inversionistas privados, nacionales y extranjeros están dispuestos a asumir el riesgo de una operación minera moderna y no contaminante? Sobre todo, en circunstancias de que los precios de los metales están en caída desde hace tres años.

El Perú requiere inversión, promover la discriminación en función al origen de la misma es alentar el desconocimiento de los contratos que ha suscrito el Estado, arriesgando al conjunto del país al descrédito internacional.

Así como él hay otros candidatos que, con intención o desconocimiento, podrían poner en riesgo todo lo avanzado, particularmente si cunde el mal ejemplo. El Perú requiere unidad, seguridad e inversión, porque sólo de esta manera lograremos calidad de vida tanto en lo ambiental como en lo social.

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