La impunidad es la raíz

Para acabar con las corruptelas se necesita voluntad, coraje y decisión política

La raíz del mayor mal que nos aqueja como sociedad, la corrupción que obstruye nuestro avance hacia el desarrollo, se define en una sola palabra: impunidad. La estructura política, administrativa y jurídica del país está construida de manera exprofesa para que siempre queden impunes quienes se roban el dinero de los ciudadanos desde el poder político.

Durante los populismos estatistas de los 70 y 80, los peruanos creímos que habíamos visto la más grande corrupción en el estado, pero a finales de los 90 el destape de la red montesinista nos mostró que aquella historia continuaba. Lo mismo ocurrió tras la caída de Fujimori: pensamos que ya nada podría sorprendernos, pero hoy vemos asqueados una catarata de corruptelas protagonizadas por quienes creímos adalides contra la corrupción.

¿Por qué el Perú es presa fácil de la corrupción? Tal vez porque nuestra clase clase dirigente, sobre todo políticos y empresarios, NO asumen el reto de acabar con ese mal. El mejor ejemplo es el caso Montesinos; cuando éste cayó nos dijeron que se había acabado la corrupción, y fue mentira. Todo siguió igual, oculto bajo el discurso de la “anticorrupción”, y sin audios ni vídeos.

Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala no hicieron ninguna reforma al respecto, por eso la ley penal es blanda con los corruptos, la Contraloría no tiene recursos y autonomía, la Procuraduría depende del gobierno, y el sistema de justicia sigue siendo, en gran medida, genuflexo con el poder político. Cuando se aprueba una ley “dura” la dejan sin reglamento para que no se aplique o el aparato estatal simplemente se niega a aplicarla y nadie dice nada.

Qué diferencia con las sociedades democráticas consolidadas, en las que ese delito es penado con 25, 30 o más años de cárcel, para que sirva de ejemplo a la sociedad. En Miami, hace unos años, un concejal que cobró coimas se suicidó para no purgar 25 años de cárcel.

Si Montesinos sigue preso es porque lo culparon de los asesinatos del Grupo Colina. Si solo lo hubiesen condenado por corrupción hace rato habría salido libre, pues la pena máxima por ese delito es 15 años que se reducen a 7 u 8 mediante la redención de la pena por trabajo y la buena conducta. Por cierto, en el INPE se trafica con esos certificados impunemente.

¿Cómo entender entonces la reacción positiva de algunos fiscales y jueces en los casos de Ancash, Cajamarca y otros? Es porque 15 años de continuidad democrática han posibilitado que hoy tengamos una prensa libre que no depende de la publicidad estatal, y también que algunos miembros del sistema de justicia se sientan respaldados ante al poder político.

El gran cambio que espera el país – y que le permitiría a los políticos recuperar la confianza y credibilidad del pueblo – es que todos los partidos se comprometan a acabar con el andamiaje institucional que le da impunidad a los corruptos y a la delincuencia común que nos desborda.

Si antes pudimos eliminar al estatismo que empoderó a una inmensa burocracia que instituyó la coima en nuestra sociedad, hoy también podemos desbaratar ese andamiaje que sostiene la corrupción. Solo se necesita voluntad, coraje y decisión política.