La Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA) entregó 150 equipos informáticos, entre computadoras, monitores e impresoras a la Corte Superior de Justicia de Lima para ser destinadas a las salas y juzgados penales contra el narcotráfico.
El presidente ejecutivo de DEVIDA, Alberto Otárola, precisó que la entrega contribuirá en la mejora de los servicios de justicia penal y se enmarca en la Estrategia Nacional de la Lucha Contra las Drogas (ENLCD) la cual establece la meta de elevar los índices de judicialización y sanción de los delitos relacionados al narcotráfico.
En ese sentido, confía que el equipamiento mejorará drásticamente las labores de los juzgados y salas que serán implementadas para fortalecer la óptima labor judicial.
Por su lado, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. Iván Sequeiros Vargas, resaltó que el aporte del organismo antidrogas resulta transcendental pues en los órganos judiciales aún se cuenta con equipos de cómputo obsoletos.
“No cabe duda que las entidades tutelares del Estado Peruano están abocados a combatir el narcotráfico. Evidentemente, bajo el liderazgo de DEVIDA, que encabeza la estrategia contra las drogas, la Corte Superior está comprometida con ese trabajo y auguro que se mantendrá dicha coordinación en el marco de la lucha contra el narcotráfico” expresó el magistrado.
Agregó, que el valioso aporte de DEVIDA contribuirá en la mayor eficacia en los sistemas de justicia penal que ven asuntos del narcotráfico.
Sequeiros Vargas, dijo que ello redundará necesariamente en beneficio de la sociedad, no sólo a los ciudadanos, sino al aparato estatal mismo, porque la lacra del narcotráfico trata siempre de inmiscuirse en diversos sectores de la administración pública con propósitos ilegales.
Dato:
En el marco del convenio entre ambas instituciones DEVIDA brindará capacitación a jueces y servidores judiciales en materia vinculada a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y brindará estadísticas en forma periódica sobre este tema.
DEVIDA busca un mayor compromiso de parte de todos los sectores del Estado para cumplir con el objetivo de reducir drástica y sosteniblemente el tráfico ilícito y el consumo de drogas, y sus negativos efectos.